Columna Deadline
Por Víctor Hugo Arteaga
El expediente puede resumirse en una cifra que, por sí sola, resulta insuficiente para explicar la dimensión política y jurídica que ha adquirido el caso: 60 mil pesos.
Esa cantidad está en el centro del proceso penal contra Elda Aurora Viñas Herrera, excontralora gubernamental de Tamaulipas durante la administración de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, declarada culpable por un Tribunal de Enjuiciamiento por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño de funciones judiciales o administrativas.
El fallo fue emitido el pasado 15 de septiembre dentro de la carpeta procesal CP/14/2025. La audiencia para individualizar la sanción fue fijada para el 22 de septiembre.
El anuncio hecho por la Fiscalía Anticorrupción de ese estadio violó por completo el sigilo y la presunción de inocencia, razón por la que esa dependencia podría ser denunciada, así como su titular quien apareció en distintos medios de comunicación nacionales.
Hasta ahí, los hechos conocidos.
Pero el expediente plantea preguntas que van mucho más allá de los 60 mil pesos, que en su momento fueron reembolsados por parte de la ex funcionaria en cuestión, que no es la misma que la acusada y sentenciada.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas sostiene que Viñas Herrera autorizó pagos derivados de un contrato de prestación de servicios por honorarios a una persona que simultáneamente ocupaba el cargo de directora administrativa de la propia Contraloría. Esa fue la acusación que prosperó ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
La defensa sostiene una historia distinta.
De acuerdo con la información proporcionada para esta columna, los primeros 60 mil pesos pagados por honorarios fueron posteriormente reintegrados y el segundo pago correspondió al nombramiento oficial de la funcionaria. También sostiene que previamente existieron resoluciones favorables a Viñas Herrera en la vía administrativa, actualmente impugnadas.
Estos antecedentes son relevantes porque permiten colocar el expediente bajo una pregunta jurídica elemental:
¿Estamos ante un acto de corrupción que amerita una respuesta penal o ante una irregularidad administrativa que terminó convertida en delito?
La respuesta definitiva no corresponde a una columna periodística, sino a los tribunales.
Pero hay obvias sospechas de que al tratarse de una funcionaria en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, el aparato del Estado fue echado a andar en este caso, mientras que en otras serias acusaciones a funcionarios del actual gobierno, no se mueve ni una hoja de un árbol.
Precisamente por eso resulta indispensable conocer toda la secuencia del expediente.
El problema de comunicar una sentencia antes de que termine el proceso
Existe además otro frente.
La Fiscalía Anticorrupción hizo público el fallo condenatorio cuando todavía estaba pendiente la audiencia de individualización de sanciones. El propio fiscal Andrés Norberto García Repper informó a medios sobre la resolución y distintos medios nacionales reprodujeron la información. La audiencia para determinar la sanción fue programada para mañana martes 22 de septiembre.
Esto abre un debate distinto al de la culpabilidad: cuáles son los límites que deben observar las autoridades al comunicar públicamente un proceso penal todavía sujeto a etapas posteriores y medios de impugnación.
De acuerdo con información conocida por Xpectro FM, Viñas Herrera analiza la posibilidad de emprender acciones legales contra funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, contra funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción y contra quien resulte responsable por la difusión pública de información relacionada con su proceso.
Hasta el momento, esa eventual denuncia debe tratarse precisamente como eso: una posibilidad bajo análisis, no como una acción judicial ya presentada.
Y aquí aparece una paradoja difícil de ignorar.
La mujer que durante el sexenio anterior estuvo encargada de vigilar el ejercicio de los recursos públicos podría terminar denunciando a los funcionarios encargados de perseguir los actos de corrupción.
Los 60 mil pesos
Hay otro elemento que merece atención.
El monto alrededor del cual gira el expediente es de aproximadamente 60 mil pesos. Distintos reportes periodísticos coinciden en esa cantidad.
La cuantía no determina por sí misma la existencia o gravedad jurídica de un delito. Un ilícito no deja de serlo simplemente porque involucre una cantidad menor.
Pero sí obliga a examinar con precisión la proporcionalidad de la respuesta del Estado, la naturaleza original de la conducta y el recorrido administrativo y penal que siguió el expediente.
Especialmente si, como sostiene la defensa, el dinero fue reintegrado y existieron previamente decisiones favorables en tribunales administrativos.
Esos dos elementos necesitan ser contrastados documentalmente porque podrían convertirse en piezas centrales de la discusión jurídica posterior.
Justicia y política
El expediente tampoco puede analizarse aislado del contexto político de Tamaulipas.
Viñas Herrera formó parte del gobierno de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuya administración ha mantenido una prolongada confrontación política y judicial con autoridades emanadas de Morena.
Ese contexto, sin embargo, tampoco demuestra por sí mismo que el proceso contra la excontralora sea una persecución política.
Hacerlo sería sustituir pruebas por conclusiones.
Lo que sí permite es exigir un estándar particularmente alto de transparencia a todas las partes: a la Fiscalía para explicar jurídicamente su actuación; a la defensa para documentar sus afirmaciones, y a los tribunales para resolver exclusivamente sobre las pruebas incorporadas al proceso.
Porque la justicia pierde cuando una sentencia es utilizada como propaganda.
Pero también pierde cuando cualquier acusación contra un adversario político es descalificada automáticamente como persecución.
El expediente apenas entra a otra batalla
El 22 de septiembre llegará la siguiente estación procesal con la audiencia de individualización de sanciones.
Pero difícilmente será el final.
La defensa todavía podrá utilizar los mecanismos de impugnación que correspondan y, si finalmente presenta las acciones legales que actualmente analiza por la difusión del caso, podría abrirse un segundo expediente alrededor del primero.
Entonces la discusión dejará de limitarse a preguntar qué ocurrió con aquellos 60 mil pesos.
Habrá que preguntarse también si la actuación de cada una de las autoridades involucradas respetó escrupulosamente las garantías del proceso y los derechos de la acusada.
Porque combatir la corrupción exige castigar los delitos cuando éstos son acreditados.
Pero exige exactamente lo mismo del otro lado: que el Estado cumpla la ley cuando acusa.
Y en Tamaulipas, donde desde hace años justicia y política caminan peligrosamente cerca una de la otra, esa diferencia no es menor.
Es la diferencia entre ejercer el poder y ejercer justicia.
