Columna El Reporte Krame
Por Dr. Ghaleb Krame
Imaginemos que ocurre. No una guerra convencional entre México y Estados Unidos, ni la fantasía recurrente de una alianza de cárteles dispuesta a defender el territorio nacional. Algo mucho más acotado y, por lo mismo, mucho más plausible, una operación militar estadounidense visible en suelo mexicano contra organizaciones designadas como terroristas, sin autorización plena del gobierno mexicano.
Vale la pena detenerse en ese escenario porque coloca al Estado mexicano ante una contradicción sin salida limpia. No puede fingir que nada ocurrió, pero tampoco puede responder como si estuviera dispuesto a una guerra, y al mismo tiempo necesita proteger una economía que depende de Estados Unidos casi tanto como respira.
Las primeras horas no se deciden únicamente en el terreno sino en la calidad de la información que llega al gabinete. La pregunta que ordena todo lo demás es sencilla y brutal, si hubo mexicanos muertos. Un operativo sin víctimas puede procesarse como crisis diplomática. Uno con víctimas cambia de naturaleza casi de inmediato y encarece políticamente cualquier respuesta posterior. El marco constitucional tampoco deja mucho margen, el artículo 89 obliga al Ejecutivo a defender la no intervención y el artículo 76 reserva al Senado la autorización para el ingreso de tropas extranjeras.
Ahí es donde el sector privado suele mirar para otro lado, cuando debería estar más atento que nadie. Los discursos importan, pero los mercados reaccionan antes y con menos paciencia. En las primeras setenta y dos horas corren al menos cuatro relojes distintos, casi nunca sincronizados. El de la atribución, que gana quien hable primero desde Washington. El diplomático, que intenta preservar la posición mexicana sin cerrar canales que luego hagan falta. El operativo, enfocado en que ningún mando local escale por su cuenta. Y el económico, que suele adelantarse a todos los demás.
El primer costo medible rara vez es un enfrentamiento armado. Es, con más frecuencia, un tráiler detenido ocho o doce horas en un cruce fronterizo, seguido de primas de seguro que suben, inventarios que se acumulan y cadenas de suministro que empiezan a resentirse antes de cualquier confrontación. La frontera no necesita cerrarse para generar pérdidas, basta con que se vuelva más lenta.
Para un consejo de administración, esa es probablemente la pregunta que más importa, no tanto qué hará el gobierno sino qué tan rápido empieza a deteriorarse la continuidad operativa de la empresa.
El error más frecuente al pensar este tipo de crisis es imaginarla en clave épica. La versión más probable es bastante menos cinematográfica, un país que denuncia en público, evita la confrontación directa y trata al mismo tiempo de mantener abiertos los canales comerciales que sostienen su economía. La soberanía, en ese escenario, no se pierde ni se defiende con las armas. Se administra, con el mismo pragmatismo con que cualquier consejo directivo administra un riesgo que no puede eliminar pero sí puede acotar. Ese matiz, más que cualquier discurso, es el que debería estar en la agenda de quienes toman decisiones de negocio en México.
