Hay ocasiones en que los números no acusan, pero preguntan.
Y cuando se trata del patrimonio de una servidora pública, esas preguntas merecen respuestas.
El caso de la senadora priista Alma Carolina Viggiano Austria tiene precisamente ese problema: hay números, escrituras, terrenos, declaraciones patrimoniales y una residencia de lujo que, puestos sobre una misma mesa, obligan a explicar cómo se construyó esa historia patrimonial.
No se trata de condenar anticipadamente a nadie.
Se trata de algo mucho más elemental para quien ha ocupado cargos públicos durante décadas: rendir cuentas.
La investigación de Xpectro FM documentó dos operaciones inmobiliarias realizadas en el exclusivo Club de Golf de Pachuca.
La primera ocurrió en 2004.
Viggiano adquirió el lote 248 por 709 mil 500 pesos. De acuerdo con la documentación revisada para esta investigación, el valor señalado para ese terreno ascendía entonces a un millón 935 mil pesos.
Tres años después llegó una segunda operación.
En 2007 compró al exfutbolista Andrés Chitiva el lote contiguo, de 500 metros cuadrados, por 682 mil 500 pesos, frente a un valor señalado de un millón 875 mil pesos.
Hagamos la cuenta.
Por los dos terrenos se asentaron operaciones que suman un millón 392 mil pesos.
Los valores señalados para ambos alcanzaban 3 millones 810 mil pesos.
La brecha es de 2 millones 418 mil pesos.
Y esa diferencia merece explicación.
Porque una cosa es el valor catastral, otra el comercial, otra el fiscal y otra, muy distinta, acreditar que existió una operación irregular.
La investigación disponible no demuestra que esos 2 millones 418 mil pesos fueran pagados clandestinamente, ni permite afirmar por sí misma que existió evasión fiscal.
Pero precisamente ahí comienza la obligación política de explicar.
¿Por qué se escrituraron en esos montos? ¿Qué avalúos respaldaron las operaciones? ¿Cuál fue la base gravable utilizada?
¿Qué impuestos se pagaron? ¿Coinciden esos inmuebles y sus valores de adquisición con las declaraciones patrimoniales correspondientes?
¿Y cómo evolucionó después el valor del patrimonio?
Las preguntas adquieren mayor dimensión porque sobre aquellos terrenos terminó levantándose una residencia de aproximadamente 813 metros cuadrados de construcción cuyo valor actual ha sido estimado en alrededor de 30 millones de pesos.
Una casa no constituye una prueba de corrupción. Tener patrimonio tampoco.
El problema comienza cuando el patrimonio de quien vive de la política deja preguntas sin responder y en el caso de Carolina Viggiano esas preguntas no nacieron ayer. Las preguntas vienen de 2022
Hace cuatro años, legisladores de Morena llevaron el patrimonio de Viggiano hasta la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El planteamiento tenía una evidente carga política —Viggiano era entonces candidata al gobierno de Hidalgo—, pero contenía señalamientos concretos que podían y debían contrastarse documentalmente.
Entre ellos aparecía una residencia ubicada en Sierra Nevada 319, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, adquirida en septiembre de 2019 y que, según publicaciones periodísticas de la época, no aparecía en la declaración patrimonial revisada entonces.
También se cuestionaban sus ingresos declarados frente al valor atribuido a distintos inmuebles.
Es importante hacer aquí una distinción fundamental.
Que Morena haya acusado a Viggiano no convierte automáticamente la acusación en verdad.
Pero que la denuncia haya tenido origen partidista tampoco invalida los documentos que puedan respaldar cada señalamiento.
En una investigación patrimonial importan menos los colores partidistas que las escrituras, los registros públicos, las declaraciones, los avalúos, los movimientos financieros y los impuestos.
Y ahí es donde debería concentrarse la discusión.
Una senadora tiene derecho a defenderse
Carolina Viggiano tiene derecho a explicar cada peso.
Tiene derecho a presentar avalúos, contratos, créditos, ingresos familiares, herencias, declaraciones fiscales o cualquier documento que permita reconstruir legítimamente su patrimonio.
Tiene también derecho a rechazar cualquier señalamiento que considere falso.
Lo que resulta difícil de justificar para cualquier representante popular es el silencio frente a inconsistencias documentales que afectan directamente la confianza pública.
Porque estamos hablando de una senadora de la República y de una de las figuras relevantes de la dirigencia nacional del PRI.
No de una ciudadana obligada a exhibir públicamente su patrimonio privado.
La transparencia patrimonial existe precisamente porque quienes ejercen poder público administran recursos, aprueban presupuestos, crean impuestos y fiscalizan al resto de la sociedad.
La pregunta de los 2.4 millones
Por eso el dato central de esta historia sigue siendo incómodo:
¿Qué explica los 2 millones 418 mil pesos de diferencia entre los precios asentados en las dos compraventas documentadas y los valores señalados para esos terrenos?
Puede existir una explicación perfectamente legal.
Los valores catastrales históricamente pueden encontrarse muy por debajo de los comerciales y una diferencia de valuación, por sí misma, no constituye un delito.
Pero entonces que se explique.
Que se conozcan los avalúos utilizados.
Que se determine cuál era el valor fiscal legalmente aplicable.
Que se conozca cuánto se pagó efectivamente por cada propiedad.
Y, sobre todo, que pueda verificarse si esos datos son congruentes con las declaraciones patrimoniales y fiscales correspondientes.
Porque existe una diferencia enorme entre formular una acusación y plantear una pregunta respaldada por documentos.
La primera exige pruebas para sostener responsabilidades.
La segunda exige respuestas.
El verdadero problema es la transparencia
Este caso tampoco debería convertirse en otro expediente utilizado exclusivamente como munición electoral.
Si existe alguna irregularidad fiscal o administrativa, corresponde determinarla a las autoridades competentes mediante procedimientos legales y respetando la presunción de inocencia.
Pero el estándar político puede ser más sencillo.
Una representante popular debe poder explicar convincentemente la evolución de su patrimonio.
No porque poseer una casa costosa sea ilegal.
No porque comprar terrenos baratos constituya automáticamente una conducta ilícita.
Sino porque la confianza pública depende de que exista correspondencia verificable entre ingresos, adquisiciones, declaraciones y patrimonio.
Carolina Viggiano tiene ante sí una oportunidad extraordinariamente sencilla para cerrar esta discusión:
abrir los documentos.
Mostrar los avalúos.
Explicar las operaciones.
Aclarar la evolución patrimonial.
Precisar cómo se financió la construcción de la residencia.
Y despejar cada una de las dudas.
Si todo está en orden, los propios documentos pueden demostrarlo.
Si existen inconsistencias, entonces corresponderá a las instituciones determinar su naturaleza y sus consecuencias.
Porque en esta historia todavía no existe una sentencia.
Pero sí existe algo que para cualquier servidor público debería ser suficiente para responder:
2 millones 418 mil pesos de diferencia, dos terrenos, una residencia valuada en decenas de millones y una pregunta que lleva años esperando una explicación convincente.
Y en política, a veces el problema no es cuánto vale una casa.
Es cuánto cuesta no explicar cómo se construyó.
