CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (XPFM).- La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, exigió a los gobiernos federal y estatal garantizar la seguridad de quienes busquen contender por un cargo de elección popular, ante el incremento de agresiones contra actores políticos en Michoacán y la cercanía del próximo proceso electoral.
A través de un posicionamiento, advirtió que la violencia ya alcanza a distintos municipios. Como ejemplos mencionó el asesinato de Eduardo Valdovinos en Lázaro Cárdenas, quien tenía intenciones de participar en la vida pública de su municipio; el ataque armado contra el alcalde de Contepec, Eduardo Martínez, así como el homicidio de José Alfredo García Gutiérrez, integrante de su movimiento, ocurrido en Tijuana horas después de participar en una movilización para recordar a Carlos Manzo.
Quiroz recordó que Uruapan también ha sufrido las consecuencias de la violencia política y señaló que detrás de estos ataques hay familias y comunidades afectadas. Advirtió que el temor puede convertirse en un obstáculo para que ciudadanos interesados en participar en política abandonen sus aspiraciones por miedo a sufrir una agresión.
También cuestionó los resultados del Plan Michoacán, al señalar que, pese a los anuncios oficiales, despliegues de seguridad y conferencias realizadas durante su primer año, no se ha conseguido garantizar la tranquilidad de quienes participan en la vida pública del estado.
Ante la proximidad de las elecciones, alertó que miles de personas comenzarán a recorrer colonias y comunidades para buscar el respaldo ciudadano, muchas de ellas sin recursos suficientes ni garantías de protección. Por ello, pidió que las medidas de seguridad se implementen desde ahora y no hasta el inicio de las campañas.
Entre sus exigencias planteó establecer protocolos de protección accesibles para cualquier aspirante, independientemente del partido o movimiento al que pertenezca; coordinar acciones con las autoridades electorales para identificar los municipios de mayor riesgo y garantizar que cada agresión sea investigada hasta sus últimas consecuencias, sin que las denuncias queden archivadas.
Finalmente, sostuvo que participar en la vida pública no debería costar la vida y reclamó condiciones para que la competencia electoral se desarrolle mediante propuestas y no bajo amenazas. Subrayó que garantizar la integridad de quienes aspiren a un cargo público es una responsabilidad de las autoridades, no una concesión política.
