Columna Deadline
Por Víctor Hugo Arteaga
Hay historias que el tiempo sepulta. Y hay otras que, por más tierra que se les eche encima, terminan regresando.
La de Lizzette Álvarez Vera pertenece a las segundas.
Ahora que la exalcaldesa de Alvarado en Veracruz busca mantenerse en la primera línea de la política de ese estado, existe una parte de su pasado que merece ser revisada no para fabricar culpables, sino precisamente para separar aquello que está documentado de aquello que durante años permaneció en el terreno de las versiones, las sospechas y las preguntas sin respuesta.
Aunque Lizzette Álvarez Vera no ha sido acusada por autoridad alguna de participar en la muerte de Jenni Rivera, hay cosas en su historia que merecen la atención.
Ahora que cientos de posibles candidatos a puestos de elección popular tienen la atención de las autoridades de Estados Unidos, existe una conexión familiar con aquella tragedia que inevitablemente vuelve a colocar bajo los reflectores una historia extraordinaria.
Su hijo, Alessandro Torres Álvarez, era el copiloto del Learjet 25 en el que murió “La Diva de la Banda” la madrugada del 9 de diciembre de 2012. Tenía apenas 20 años de edad.
En aquella cabina viajaba junto al capitán Miguel Pérez Soto, de 78 años.
Minutos después de despegar de Monterrey rumbo a Toluca, el avión desapareció del radar y terminó destruido en la Sierra Madre Oriental.
Murieron todos sus ocupantes. Jenni Rivera tenía 43 años.
Ahí comenzó un misterio que, técnicamente, México nunca consiguió cerrar por completo.
La investigación de la Dirección General de Aeronáutica Civil encontró irregularidades y factores que pudieron contribuir al accidente, pero el nivel de destrucción de la aeronave impidió determinar de manera indubitable una causa única.
Ese detalle importa. Porque significa que alrededor de uno de los accidentes aéreos más famosos de la historia reciente de México quedó abierta una enorme interrogante.
Y detrás de aquella interrogante había otra historia. La familia del copiloto.
Alessandro era hijo de Lizzette Álvarez Vera y Mariano Torres Herrera, un supuesto empresario pesquero de Alvarado, Veracruz.
Sobre Torres Herrera circularon durante años señalamientos públicos que lo relacionaban con personajes de la delincuencia organizada de aquella región.
Fueron señalamientos y versiones, no una sentencia judicial que permita presentarlos como hechos probados.
Pero entonces ocurrió algo todavía más inquietante. Menos de dos años después de la muerte de su hijo, Mariano Torres desapareció.
El 8 de agosto de 2014, un grupo de hombres armados irrumpió en su embarcación y se lo llevó. Nunca regresó.
Hasta hoy su destino permanece desconocido.
Primero murió el hijo en uno de los accidentes aéreos más enigmáticos y mediáticos de México. Después desapareció el padre. Dos tragedias. Una misma familia y demasiadas preguntas.
Lo verdaderamente relevante, sin embargo, ocurrió años después.
Porque Lizzette Álvarez sobrevivió políticamente a todo aquello. Pero no solamente sobrevivió: Llegó al poder.
Ganó la presidencia municipal de Alvarado encabezando la coalición integrada por Morena, PVEM y PT.
Pero cuando apenas comenzaba su administración ocurrió algo que hoy adquiere nuevamente relevancia.
El entonces gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, declaró públicamente que existía una investigación contra la alcaldesa, de sus partidos aliados, por su probable responsabilidad en reuniones con personas vinculadas con la delincuencia organizada.
No fue una acusación lanzada desde una cuenta anónima. No fue un trascendido periodístico. No fue una publicación perdida en las redes sociales.
Lo dijo el Gobernador de Veracruz y posteriormente el entonces secretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos, confirmó públicamente que existía una investigación abierta en la Fiscalía General del Estado.
Lizzette Álvarez respondió y negó haber sido llamada a declarar y sostuvo que los señalamientos eran solamente dichos.
Y hasta donde existe información pública disponible, ninguna autoridad ha anunciado cargos penales en su contra derivados de aquella investigación.
Ese dato también debe decirse. Pero tampoco puede fingirse que la investigación nunca existió.
Ahí está precisamente el problema.
¿Qué ocurrió con ella? ¿Fue archivada? ¿Continúa abierta? ¿Se determinó que los señalamientos carecían de fundamento?
¿Hubo diligencias ¿Quiénes eran las personas con las que presuntamente se reunió ¿Existieron realmente esas reuniones?
¿O un gobernador acusó públicamente a una presidenta municipal sin contar con elementos suficientes para hacerlo?
Cualquiera de las dos posibilidades es grave.
Si había elementos, Veracruz y millones de mexicanos merecen saber qué ocurrió con la investigación.
Si no los había, Lizzette Álvarez merece saber por qué desde el Gobierno del Estado se colocó sobre ella una sospecha de semejante magnitud.
Lo que resulta difícil aceptar es el silencio. Porque los expedientes judiciales pueden dormir. La memoria pública no necesariamente.
Y cuando alguien pretende regresar o ascender políticamente, su pasado también aparece en la boleta.
Ahora hay otro episodio.
En agosto pasado se incendió la casa de Lizzette Álvarez. Ella misma explicó públicamente que una variación de voltaje produjo un cortocircuito y que el fuego comenzó en la sala antes de extenderse por la vivienda.
No existe elemento público que permita afirmar otra cosa. Pero resulta inevitable observar la sucesión de acontecimientos tan poderosos que han rodeado durante años a esta familia y particularmente a la política que hoy busca un escaño más en su carrera.
Un hijo muerto en el avión de Jenni Rivera. Un accidente cuya causa determinante no pudo establecerse de manera indubitable.
Un esposo desaparecido por hombres armados. Señalamientos públicos alrededor de ese esposo.
Una carrera política meteórica.
Un gobernador acusándola de presuntas reuniones con personas relacionadas con la delincuencia organizada.
Una investigación confirmada públicamente por el secretario de Gobierno.
Y después, silencio.
Ninguno de esos hechos demuestra que uno sea consecuencia del otro. Pero juntos construyen una historia que cualquier periodista estaría obligado a mirar.
Porque investigar no significa condenar. Significa preguntar.
Y quizá la pregunta más importante ni siquiera tenga que ver con Jenni Rivera.
Tiene que ver con el poder.
Si Lizzette Álvarez pretende nuevamente ocupar un cargo público, los ciudadanos tienen derecho a conocer qué ocurrió con aquella investigación anunciada desde el máximo nivel del Gobierno de Veracruz.
No basta con que hayan pasado cuatro años. No basta con cambiar de gobernador. No basta con cambiar de elección.
Y tampoco basta con esperar que la memoria colectiva haga el trabajo que tantas veces hacen los archivos oficiales: olvidar.
Lizzette Álvarez tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero Veracruz también tiene derecho a la verdad.
Y mientras aquella carpeta no tenga una explicación pública, seguirá existiendo una pregunta incómoda caminando detrás de su carrera política.
Porque los fantasmas pueden permanecer muchos años en silencio. Hasta que alguien decide volver a abrir la puerta.
