Columna Xpedientes
Por Dr. Rodolfo De la Guardia García para Xpectro FM
La relación binacional de cooperación internacional en materia penal está a prueba. En las últimas tres semanas, el Poder Ejecutivo Federal recibió diez solicitudes para obtener ordenes de aprehensión con efectos provisionales de extradición. Todos servidores públicos del Estado de Sinaloa y también desestimadas al considerar que el gobierno de los Estados Unidos de América no envió pruebas relacionadas con la urgencia que ameritaba la detención de los buscados, esto implicó una interpretación del artículo 11 del Tratado de Extradición México-Estados Unidos de América.
En aquel momento histórico, se interpretó que la respuesta mexicana exigiendo pruebas constituía una oportunidad y espacio en tiempo para establecer una estrategia procesal y política ante la presentación estadounidense de la Petición Formal de Extradición. La misma decisión alcanzaba en su protección a los diez requeridos por los Estados Unidos de América.
Nadie, ni el más especulador, esperaba lo que sucedió hace veinticuatro horas. Dos de los diez buscados se entregaron a las autoridades estadounidenses. No hay margen para la especulación, ¿Quién, sabiendo que es buscado por la justicia de los Estados Unidos de América, viaja a Arizona y Europa? Conociendo el sistema de alertas policiales-internacionales y la inteligencia estadounidense esos traslados solo pueden catalogarse de ingenuos o concertados. La segunda opción es la aceptable.
Los detenidos Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Diaz Vega con sus traslados demuestran que no confiaron en las autoridades ni en las decisiones nacionales. Fueron al extranjero sabiendo que serían detenidos y sujetos a proceso ante una Corte de Nueva York que se caracteriza por su dureza y con un futuro incierto, pero más confiable que el escenario doméstico.
Aún más, hay una versión que un tercer buscado está negociando su entrega. Esa versión fue desmentida hace unas horas a través de un mensaje en medios del Senador Enrique Inzunza, quien afirma que está en Sinaloa con los suyos y con certeza de su inocencia.
La Corte de Nueva York recibió la declaración de no culpable y eso permite a las autoridades del US District Attorney a negociar con los dos detenidos confirmados. Resulta muy relevante que uno sea un alto grado del Ejército Mexicano encargado de la seguridad en Sinaloa, y otro el administrador de las finanzas estatales. Dos perfiles que podrían ampliar la información, no solo en lo que ya obra en la acusación original sino en otras acciones, actores, territorios y temporalidades.
Lo anterior generó, lo que algunos medios reportan, un conflicto escalado entre el Ejército Mexicano y la gobernadora interina de Sinaloa. Cuando esta última deslinda al Ejecutivo estatal, señalando que al titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la Entidad lo recomendó el Ejército Mexicano. Y que decir cuando el Senador de la República Gerardo Fernández Noroña, indicia responsabilidades a sectores del Ejecutivo Federal encargados de la seguridad pública, por haber permitido que los dos detenidos en los Estados Unidos de América hayan abandonado el territorio nacional.
Esto significa que la Petición Formal de Extradición estadounidense se fortalecerá con las posibles declaraciones de dos acusados principales. Si esto ocurre, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República deberá decidir si esas entrevistas más las de los testigos colaboradores que originaron los acusados en Nueva York cumplen con el estándar probatorio previsto en los artículos 3 y 10 del Tratado de extradición México-Estados Unidos de América.
Ese estándar probatorio señala que la prueba enviada por el estado requirente debe cubrir las aristas de probabilidad del hecho y de participación, según el artículo 316 fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, supletorio al extradicional por interpretación jurisprudencial; esto implica que el Juez de Distrito que conociera del procedimiento de extradición en su fase judicial debe preguntarse: ¿Las pruebas que se adjuntan a la Petición Formal de Extradición serían suficientes para vincular a proceso en México?
El pronóstico es reservado. En tanto la Fiscalía y agencias estadounidenses han anunciado que se triplicarán las investigaciones y acusaciones en contra de políticos corruptos, nuestras autoridades siguen evaluando los trayectos político y jurídico a desplegar.
