Columna Invitada
Por Dr. Ghaleb Krame
Krame Intelligence & Foresight
Columna Hay una pregunta que empecé a plantear en abril y que esta semana un documento filtrado del Departamento de Estado obliga a tomar en serio. Estados Unidos ya midió cuánto puede escalar dentro de México sin provocar un rechazo social mayoritario, y el resultado de esa medición podría no gustarle a nadie en Palacio Nacional.
En abril sostuve que Sinaloa funcionaba como un microlaboratorio para la comunidad de inteligencia estadounidense. Antes de presionar a un país entero conviene probar la reacción social en un territorio acotado, con un caso concreto, y observar si la sociedad lo lee como intromisión o como acción legítima contra la impunidad. Sinaloa, con un gobernador señalado desde hacía meses por presuntos vínculos con el cártel que lleva el nombre del estado, ofrecía justo ese caso de prueba.
Esta semana el laboratorio entregó resultados. El documento filtrado y obtenido por NewsNation cita una encuesta entre mil mexicanos mayores de edad en la que una mayoría respalda distintas formas de acción estadounidense contra los cárteles, desde acusaciones judiciales hasta la eliminación unilateral de operadores criminales por fuerzas militares. La encuesta no menciona a Rocha Moya por nombre, pero circuló la misma semana en que el Departamento de Justicia lo acusó formalmente ante una corte de Nueva York junto con otras nueve personas. Leer la cifra agregada como validación indirecta de ese caso no es un salto, es la lectura más razonable disponible.
El otro dato que sostiene la hipótesis no está en la encuesta sino en su ausencia. El documento nunca identifica a la casa encuestadora, solo la describe como una firma local de buena reputación. Un sondeo diseñado para medir el umbral de tolerancia social de una intervención no necesita transparencia metodológica, necesita un número citable, y esa opacidad conviene demasiado como para descartarla sin más.
El 9 de septiembre, en Quito, Marco Rubio dijo que la amenaza de los cárteles tendrá que confrontarse de una manera o de otra, con o sin México. Al día siguiente, Sheinbaum respondió que la campaña electoral estadounidense estaba usando a México, en referencia directa a los comicios intermedios del 3 de noviembre. Fue la propia presidenta quien conectó esa retórica con la urna estadounidense, no un analista externo.
Esa conexión importa porque el calendario nunca es accidental. La ventana entre finales de septiembre y mediados de octubre es cuando una administración estadounidense fija su narrativa antes de que el ciclo noticioso se sature de encuestas de último momento, y el efecto de cohesión patriótica alrededor de una acción militar visible ha beneficiado electoralmente a gobiernos de ambos partidos.
Sinaloa no fue solamente una crisis política local. Si la hipótesis del microlaboratorio es correcta, fue el experimento cuyo resultado Washington ya tiene en la mano. Y cuando el gobierno que sería el blanco de una maniobra es el primero en señalar que existe un cálculo electoral detrás de ella, esa hipótesis deja de ser marginal. Se convierte en el escenario que ambos gobiernos ya anticipan en privado, aunque en público sigan discutiendo si la amenaza es real o solamente campaña.
