Columna Invitada
Por Dr. Ghaleb Krame
Krame Intelligence & Foresight
Un diputado federal aparece sin vida dentro de su auto, estacionado sobre el acotamiento de una carretera que miles de veracruzanos recorren todos los días. Tiene un impacto de bala en la cabeza. El arma está entre sus piernas. La carrocería no muestra un solo rayón. Y en menos de veinticuatro horas, el mismo gobierno estatal que debería sostener una sola versión de los hechos ya ofrece dos que se contradicen entre sí.
Ese es el punto de partida real del caso de Zenyazen Escobar García, encontrado el 4 de septiembre en el tramo Xalapa Veracruz, a la altura de Puente Nacional. El secretario de Gobierno estatal aseguró que el vehículo no presentaba señales de violencia y que se investigaba cómo ocurrieron los hechos, sin usar la palabra atentado. Otros medios, citando fuentes propias, hablaron directamente de un ataque armado. La fiscal general se limitó a confirmar el deceso. Tres versiones, un solo cadáver.
Lo que convierte este caso en material de análisis, más allá del historial personal del legislador, es precisamente esa fractura en el relato oficial desde el primer día. Escobar García no era un personaje menor ni discreto. Trabajó como bailarín exótico bajo el nombre artístico “Tarzán Boy” antes de su salto a la política, protagonizó un altercado físico en pleno del Congreso en San Lázaro en mayo, presuntamente bajo los efectos del alcohol, y su nombre quedó ligado semanas después al incendio de un yate de lujo en la Riviera Veracruzana cuya propiedad negó. Todo esto ocurrió mientras acumulaba señalamientos de enriquecimiento incompatible con su sueldo público desde su paso por la Secretaría de Educación de Veracruz. Ese historial explica por qué su muerte concentra la atención nacional. No explica, ni debe usarse para adelantar, cómo murió.
Aquí es donde conviene detenerse en el método, porque es lo único que puede sostener una hipótesis frente a otra, y en este caso hay al menos tres que la investigación tiene que descartar o confirmar con evidencia física, no con comunicados.
La primera es la hipótesis del disparo a corta o larguísima distancia. Un impacto por contacto directo o casi directo deja un patrón de tatuaje de pólvora y quemadura en la piel que ningún comunicado puede simular ni ocultar; su ausencia, en cambio, obligaría a preguntar desde qué distancia se disparó el arma dentro de un espacio tan reducido como la cabina de un sedán, lo que ya empieza a acotar drásticamente los escenarios posibles.
La segunda es la hipótesis de la mecánica del arma. Que una pistola quede acomodada entre las piernas tras el disparo no es, por sí solo, indicio de nada concreto, depende del calibre, del retroceso propio de ese modelo, de si el cuerpo permaneció sentado o se desplomó, y de si hubo movimiento posterior de alguien dentro del vehículo. Esa reconstrucción exige un peritaje de balística forense y de la escena, no una fotografía compartida en redes.
La tercera es la hipótesis de la intervención de terceros, la más políticamente sensible y también la más difícil de descartar solo con el argumento de que el auto no presentaba daños visibles. Ese dato, repetido como si fuera concluyente, en realidad no prueba nada, un vehículo sin rastros de forcejeo es exactamente lo que se esperaría si el ocupante conocía a quien terminó jalando el gatillo, le abrió la puerta o simplemente no percibió amenaza alguna hasta el último segundo.
Ninguna de estas tres hipótesis se sostiene ni se descarta con lo que se ha dicho públicamente hasta ahora. Todas dependen de un mismo conjunto de pruebas que solo la fiscalía tiene en sus manos, el análisis de residuos de disparo en la piel del diputado, la trayectoria exacta del proyectil dentro del cráneo y el habitáculo, y el estado real de las cerraduras y el seguro del vehículo en el momento del hallazgo.
La pregunta de fondo, entonces, no es si Zenyazen Escobar se quitó la vida o si alguien se la quitó. Es por qué el aparato de comunicación del Estado de Veracruz salió a hablar antes de tener esa respuesta, y por qué necesitó dos voceros para decir dos cosas distintas. En un país donde la violencia política ya cobró decenas de vidas de funcionarios y candidatos en los últimos ciclos electorales, la velocidad con la que se construye o se contiene una narrativa oficial dice tanto sobre el poder como cualquier peritaje.
La Fiscalía General de la República atrajo el caso. Eso obliga a un estándar más alto de transparencia técnica que el que se ha visto hasta ahora. Mientras esa carpeta no se resuelva con evidencia verificable, cualquier conclusión pública sobre lo que pasó en esa carretera es, en el mejor de los casos, una hipótesis de trabajo. En el peor, es la versión que a alguien le conviene que se quede como definitiva.
