Columna Deadline
Por Víctor Hugo Arteaga
Hay mudanzas que se explican con números. Y hay otras —como la del Atlético Celaya a Veracruz— que sólo se entienden revisando las sombras.
Porque en el papel, el cambio parece una simple reubicación: un equipo de la Liga de Expansión que encuentra una plaza “más rentable”, una afición “más grande”, un estadio “con historia”. El discurso de siempre. El problema es que, cuando uno rasca un poco, lo que aparece no es un proyecto deportivo, sino un viejo libreto del futbol mexicano: intereses políticos, opacidad financiera y decisiones tomadas lejos de la cancha.
Celaya no es cualquier plaza. Es una ciudad que ha sostenido a su equipo con dignidad en una liga castigada por la desaparición del ascenso y descenso. Una afición leal, un proyecto que, con limitaciones, había logrado estabilidad. Y de pronto, sin consulta real, sin transparencia, sin respeto, el equipo simplemente se va.
¿La razón? Oficialmente, “viabilidad”. Extraoficialmente, todo apunta a lo mismo de siempre: acuerdos en lo oscurito.
Veracruz, por su parte, es una herida abierta en el futbol mexicano. El puerto arrastra uno de los episodios más vergonzosos de corrupción institucional en el deporte nacional: adeudos, simulaciones, franquicias fantasma, promesas incumplidas y una afición que ha sido utilizada como moneda política una y otra vez. El nombre de los “Piratas” no es casual: evoca identidad, sí, pero también ironía. Porque aquí no sólo se rescata una marca, se recicla un sistema.
El regreso del futbol profesional al “Pirata” Fuente —un estadio que ha sido símbolo del abandono gubernamental y la mala administración— no debería celebrarse sin hacer preguntas incómodas. ¿Quién financia la operación? ¿Bajo qué condiciones se entrega la plaza? ¿Qué papel juegan los gobiernos estatales y municipales? ¿Qué garantías existen de que no se repetirá la historia?
En el futbol mexicano, los equipos no siempre pertenecen a sus aficionados. Pertenecen, muchas veces, a redes de poder.
La Liga de Expansión nació con la promesa de ser un laboratorio de desarrollo. Hoy es, en muchos casos, un tablero de ajedrez donde las franquicias se mueven según conveniencias económicas y políticas. El cambio de Celaya a Veracruz no es un hecho aislado: es síntoma.
Síntoma de una liga sin reglas claras.
Síntoma de una federación permisiva.
Síntoma de un deporte que, en México, sigue siendo rehén de intereses que poco tienen que ver con el balón.
El discurso oficial hablará de “oportunidad”, de “renacer”, de “llevar futbol a una plaza histórica”. Pero la realidad —como casi siempre— se escribe en otra parte: en contratos que no se hacen públicos, en decisiones que no se explican, en beneficiarios que nunca dan la cara.
Y mientras tanto, los aficionados —los de Celaya que pierden a su equipo y los de Veracruz que vuelven a ilusionarse— quedan atrapados en el mismo ciclo: creer, perder, volver a creer.
Porque en este negocio, el futbol es lo de menos.
Aquí lo que realmente se mueve no son jugadores.
Son fichas de poder.
