Columna Deadline
Por Víctor Hugo Arteaga *
En un movimiento procesal que añade incertidumbre y levanta serias interrogantes sobre la administración de los tiempos judiciales, el Juez de Control a cargo del caso canceló, a menos de 24 horas de su realización, la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa de Kiril Todorov, programada para hoy.
A pesar de conocer una sentencia de amparo a favor de Todorov desde el 2 de septiembre, el Juez de Control esperó 20 días, hasta la víspera de la diligencia, para cancelarla. Este hecho genera suspicacias sobre la eficiencia y la gestión del proceso en la defensa del presidente de la FMN y los medios que siguen el caso.
La decisión, comunicada el 22 de septiembre, frena temporalmente el escrutinio sobre la actuación de la representación social en la Causa Penal 58/2021. El argumento para la cancelación se basa en los efectos de la reciente sentencia de amparo (Juicio 373/2024-III), que declaró ilegal la vinculación a proceso dictada previamente contra Todorov. Sin embargo, lo que resulta inexplicable no es el fundamento legal, sino la tardanza en aplicarlo.
La Contradicción del 2 de Septiembre
Los documentos judiciales revelan una cronología que cuestiona la eficiencia judicial. El pasado 2 de septiembre de 2025, el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte recibió la notificación formal sobre la concesión del amparo.
Ese mismo día, en un acuerdo administrativo, el juzgado reconoció la recepción de la sentencia federal y, simultáneamente, admitió la solicitud de la defensa para celebrar la audiencia de tutela de derechos, fijando la fecha para el 23 de septiembre.
La contradicción es evidente: si los efectos del amparo impedían la celebración de la audiencia de tutela, ¿por qué el Juez, estando plenamente notificado, la programó en primer lugar? Y más crucial aún, ¿por qué esperar 20 días, hasta la víspera de la cita, para revertir su propia decisión?
Veinte Días de Inacción y una Cancelación Abrupta
Durante tres semanas, las partes procesales —defensa, MP y asesoría jurídica— operaron bajo el supuesto de que la audiencia se llevaría a cabo. La cancelación abrupta el 22 de septiembre, basada en información que el juzgado poseía desde el inicio del mes, sugiere, en el mejor de los casos, una grave descoordinación administrativa. En el peor, se interpreta como una maniobra dilatoria que contraviene el principio constitucional de justicia pronta y expedita. Con ello, el acceso efectivo a la justicia y su tutela judicial efectiva.
La Tutela de Derechos en el Limbo
La audiencia de tutela de derechos es un mecanismo esencial en el sistema acusatorio mexicano para corregir violaciones a derechos fundamentales durante la investigación. Si bien la sentencia de amparo dejó sin efectos la vinculación a proceso, no necesariamente detuvo la investigación en su conjunto. Por lo tanto, la necesidad de supervisar la legalidad de las actuaciones del MP podría seguir vigente. Sigue pendiente el tema sensible tratado en audiencia de tutela de derechos el 30 de junio de esta anualidad, el llamado, búsqueda y localización de los que saben del caso, los testigos. Y los que deben responder de apuntamientos falsos o faltos de soporte, como hoy lo evidencia la conformación de la carpeta de investigación.
Al dilatar innecesariamente la decisión de cancelar la audiencia, el juzgador posterga el acceso del investigado a un recurso judicial efectivo, manteniéndolo en un estado de incertidumbre prolongada.
Este episodio se suma a la larga lista de cuestionamientos en este caso, que ya sufrió un retraso de 15 meses en la resolución del amparo y que evidenció graves fallas en la actuación del ahora exjuez José Rivas González. Tras la expectativa de que el proceso tomaría un cauce de mayor rigor técnico, esta decisión de última hora vuelve a poner el foco sobre la manera en que se administran algunos casos.
