La máxima corte de la nación consideró inconstitucional que la Sedente administre al ente civil de seguridad pública.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (XPFM). -La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este martes el traspaso de la administración y el mando de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por considerarlo inconstitucional.
La resolución de la SCJN fue por mayoría al sumarse ocho votos en contra del traspaso por tres a favor por lo que el decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador del pasado 2022 quedó anulado, al determinarse que el traspaso sí es un acto de autoritarismo y militarización.
De esta forma las autoridades castrenses deben hacerse a un lado y regresarle su autonomía a la Guardia Nacional para que sea de nueva cuente un ente de seguridad civil y no militar.
“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Las iniciativas, los trabajos preparatorios, los dictámenes de comisión, la discusión del Poder Reformador de 2019 no me dejan a lugar a duda que en la interpretación de estos textos.
“Su vocación es absolutamente clara, discutible, desde su comienzo hasta su conclusión de manera que lectura no me permite llegar a que se trata de gustos, sino que es el orden jurídico mismo”, destacó el ministro Alberto Pérez Dayán.
Los tres ministros que votaron a favor de que la GN continue formando parte de la ad infiltración de la Defensa Nacional son fueron Yasmín Esquivel Mossa, Arturo Saldivar y Loretta Ortiz Ahlf, conocidos por ser afines de las decisiones tomadas por el Presidente López Obrador.
La ministra presidente de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, recordó que el artículo 21 de la Constitución de México es claro al señalar en el párrafo décimo que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
“Es fundamental optar por un entendimiento estricto y diferenciado de la seguridad nacional y de la seguridad pública ciudadana, ya que las funciones de seguridad pública o ciudadana son de competencia exclusiva de autoridades civiles y a las Fuerzas Armadas les corresponde una tarea distinta”, destacó la ministra presidente Norma Piña.