CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (XPFM).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no es posible reabrir sentencias dictadas por las antiguas salas del máximo tribunal, al resolver un recurso promovido por la Fiscalía General de la República (FGR).
La decisión se dio en medio de un abierto desacuerdo entre ministras y ministros, particularmente por la postura de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien se negó a ajustar su proyecto pese a la inconformidad mayoritaria con uno de sus apartados.
El asunto derivó de la impugnación de la FGR contra el fallo que ordenó la liberación de Juana Hilda González Lomelí, quien estuvo casi dos décadas en prisión y obtuvo un amparo de la extinta Primera Sala tras acreditarse violaciones al debido proceso. La Corte concluyó que admitir una revisión de ese tipo implicaría vulnerar el principio de cosa juzgada y permitir que el propio tribunal resolviera dos veces un mismo caso.
En su propuesta, Batres sostuvo que el recurso de revisión es jurídicamente improcedente cuando se trata de sentencias emitidas por las salas desaparecidas de la SCJN en amparos directos atraídos, criterio que fue respaldado en lo general por el pleno.
No obstante, el debate se centró en un párrafo específico del proyecto —el número 52— en el que la ministra introdujo consideraciones sobre la posibilidad de analizar, en otros contextos, la figura de la cosa juzgada fraudulenta.
Siete ministros se pronunciaron por eliminar ese apartado al estimar que no guardaba relación directa con el tema sometido a votación. Aun así, Batres rechazó modificar su propuesta y cuestionó que se apoyara el sentido general del proyecto mientras se pedía suprimir una parte del texto. Solo ella y la ministra Sara Irene Herrerías Guerra votaron por conservar el párrafo.
Durante la discusión, varias ministras y ministros señalaron que las resoluciones del pleno deben reflejar la voluntad colectiva y no la posición individual de quien presenta el proyecto. Pese a ello, Batres mantuvo su negativa a retirar el apartado objetado, lo que provocó un impasse y evidenció la tensión interna en el máximo tribunal.
Ante el desacuerdo, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó que el engrose de la sentencia quedara en manos de Batres, siempre que se dejara constancia expresa de que la mayoría del pleno se pronunció contra el contenido del párrafo 52. Otra opción, dijo, era devolver el asunto para ajustar el texto conforme a la votación.
El párrafo en disputa alude a la figura de la cosa juzgada fraudulenta, prevista en diversas leyes para permitir la reapertura de procesos cuando se acredita un fraude procesal grave. Sin embargo, para la mayoría de los ministros, su inclusión resultaba improcedente en este caso.
La discusión dejó abierta la posibilidad de nuevos enfrentamientos en el pleno, ya que aún está pendiente la resolución de otro intento por reabrir sentencias firmes de la SCJN, cuyo proyecto se encuentra en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz.
