CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (XPFM).- La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó mediante un comunicado oficial la inmovilización preventiva de cuentas vinculadas a Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa y justificó la medida con un argumento que eleva la dimensión del caso: “proteger la integridad del sistema financiero nacional”.
La frase no es menor. En términos regulatorios y financieros, la integridad del sistema financiero nacional se invoca cuando existen alertas que pueden representar riesgos para el funcionamiento, confianza, legalidad o estabilidad de las operaciones bancarias.
Aunque la UIF insiste en que no existe una determinación definitiva de responsabilidad, el propio gobierno reconoce que el asunto posee una gravedad suficiente como para activar mecanismos extraordinarios de contención.
Según el documento, las medidas derivaron de reportes generados por instituciones financieras mexicanas tras señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente. Debido a la relación de corresponsalía entre bancos mexicanos y estadounidenses, se activaron alertamientos sobre clientes catalogados como Personas Políticamente Expuestas, figura utilizada para identificar a funcionarios, exfuncionarios y actores con acceso a recursos públicos o influencia política, considerados de mayor riesgo en materia de prevención de lavado de dinero.
La UIF señala que, con base en reportes bancarios denominados “LPB 24 Horas”, procedió a la inmovilización preventiva. Sin embargo, aunque el comunicado intenta subrayar que la acción “no constituye una determinación definitiva ni implica acreditación de responsabilidad”, el lenguaje utilizado revela que la preocupación institucional rebasa una simple revisión administrativa rutinaria.
Resulta particularmente relevante que la dependencia haya vinculado directamente la inmovilización con la necesidad de preservar la integridad del sistema financiero mexicano.
En la práctica, este tipo de medidas suelen reservarse para situaciones donde las autoridades consideran que permitir la libre operación financiera podría representar riesgos de incumplimiento, exposición internacional, lavado de dinero, sanciones regulatorias o afectaciones reputacionales para el sistema bancario nacional.
El comunicado también introduce un matiz importante frente a declaraciones previas del gobierno federal. Mientras desde Palacio Nacional se insistió en presentar el congelamiento como un mecanismo “automático” y “preventivo”, la UIF reconoce que actualmente analiza diversa información y documentación relacionada con las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, utilizando criterios técnicos, analíticos e institucionales “como en cualquier otro reporte emitido”.
Ese punto adquiere relevancia porque contradice parcialmente la narrativa de que no existe investigación o revisión sustantiva. Si la UIF continúa analizando documentación bajo protocolos técnicos vinculados a una Lista de Personas Bloqueadas, el procedimiento parece haber avanzado más allá de una simple reacción bancaria mecánica.
La gravedad política del asunto también aumenta porque ocurre en un contexto donde funcionarios federales de alto nivel habían minimizado o descartado elementos contra actores políticos sinaloenses. La propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, había señalado anteriormente que no existían elementos concluyentes en territorio nacional contra Rubén Rocha Moya. Ahora, el reconocimiento de la UIF de que la medida busca proteger al sistema financiero coloca el caso bajo una luz mucho más delicada.
Aunque la dependencia subraya que las personas involucradas conservan garantías legales, derecho de audiencia y recursos administrativos y jurisdiccionales, el uso de instrumentos diseñados para blindar al sistema financiero nacional deja ver que el gobierno considera que los señalamientos internacionales ya generaron un nivel de riesgo suficientemente alto como para justificar acciones inmediatas sobre operaciones financieras de figuras políticamente expuestas de Sinaloa.
