CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (XPFM).- Paco Ignacio Taibo II volvió a arremeter contra los medios de comunicación privados y lo hizo desde un espacio que, por su naturaleza, debería representar pluralidad y servicio público. El director ejecutivo del Fondo de Cultura Económica utilizó la pantalla de Canal Once para lanzar una descalificación general contra la prensa mexicana: “Qué pinche es la prensa mexicana privada”.
La expresión no puede reducirse a una simple grosería de un personaje acostumbrado al lenguaje coloquial. Taibo II ocupa un cargo público y su intervención ocurrió en un medio público.
Sus palabras adquieren otra dimensión: un funcionario aprovechando una plataforma institucional para descalificar, en bloque, a medios que ejercen una función crítica frente al poder.
Y no es la primera vez. El pasado 6 de agosto ya había arremetido contra periódicos, televisión y radio privados con expresiones como: “Pinches periódicos de derecha, ya párenle” y “La TV privada da asco, la prensa privada más y la radio da bastante asco”. Incluso ironizó: “Luego se quejan de la Ley de Audiencias”.
La reiteración resulta más preocupante que el insulto mismo. Taibo II no está cuestionando una nota, una investigación o una línea editorial específica; está descalificando prácticamente a toda la prensa privada. Esa generalización elimina cualquier posibilidad de debate y sustituye los argumentos por etiquetas ideológicas.
El contexto tampoco es menor. Sus declaraciones ocurren precisamente cuando existe una intensa discusión sobre los derechos de las audiencias, la regulación de los medios y los límites que debe tener la autoridad frente a la libertad editorial. En ese escenario, que un funcionario utilice un medio público para atacar a los medios privados envía un mensaje contradictorio: se habla de pluralidad mientras desde una plataforma institucional se estigmatiza a quienes cuestionan al gobierno.
Taibo II tiene, por supuesto, derecho a criticar a la prensa. La libertad de expresión también protege a los funcionarios cuando cuestionan a los periodistas y medios. Pero ese derecho no convierte a los medios públicos en extensiones de una disputa partidista ni justifica que se utilicen recursos y plataformas institucionales para desacreditar colectivamente a un sector de la comunicación.
Si existen medios que mienten, manipulan información, responden a intereses políticos o incurren en malas prácticas periodísticas, corresponde demostrarlo con hechos. Decir que la prensa privada “da asco” no es una crítica periodística; es una descalificación política.
La preocupación aumenta cuando este tipo de expresiones provienen de funcionarios que deberían comprender el valor de la libertad de prensa. El poder público tiene múltiples instrumentos para responder a una investigación: puede aclarar, documentar, desmentir o incluso acudir a las instancias legales correspondientes. Lo que no debería normalizarse es convertir el insulto en política de comunicación.
La pregunta de fondo no es si Taibo II puede hablar con groserías. Puede hacerlo. La cuestión es por qué un medio público debe convertirse en escenario para una ofensiva contra la prensa privada y si esa práctica contribuye realmente al debate democrático.
Porque una democracia no necesita una prensa que le aplauda al poder. Necesita medios capaces de cuestionarlo, incluso cuando sus preguntas incomoden. Y si la respuesta desde el gobierno consiste en llamar “pinches periódicos” o decir que la prensa “da asco”, el problema ya no es solamente el lenguaje utilizado por Taibo II: es la preocupante normalización de la descalificación de los medios desde espacios públicos.
Al final, la contradicción queda expuesta: mientras se discuten nuevas reglas para proteger a las audiencias y preservar la pluralidad informativa, desde un medio público se lanza una ofensiva verbal contra quienes ejercen el periodismo desde el ámbito privado.
La prensa puede ser criticada. El poder también. Lo que no debería confundirse es libertad de expresión con licencia para convertir los medios públicos en tribunas de descalificación política.
