La alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, enfrenta una investigación federal por presunto desvío de recursos públicos, vínculos con el huachicol fiscal y posibles nexos con el Cártel de Sinaloa, mientras el gobierno de Estados Unidos le ha retirado la visa a ella y a su círculo familiar inmediato.
Investigación federal sobre la alcaldesa de Benito Juárez
La Fiscalía General de la República mantiene abierta una indagatoria contra Ana Patricia Peralta por operaciones ilícitas que comprometen la administración de Cancún. Las autoridades federales buscan esclarecer el origen y destino de recursos públicos, así como la posible utilización de estructuras municipales para fines ajenos al interés ciudadano, enfocándose específicamente en el favorecimiento político de Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México y aspirante a la gubernatura de Quintana Roo. El alcance de la fiscalización pretende identificar a los responsables de la canalización de dichos fondos y determinar el grado de participación de los funcionarios implicados en esta red de presunta corrupción.
El frente de huachicol fiscal y el entorno aduanero
La conexión entre la administración municipal y el comercio irregular de combustibles figura como uno de los ejes centrales de las pesquisas. La Fiscalía ha solicitado información estratégica a la Agencia Nacional de Aduanas de México para rastrear operaciones de contrabando, centrando su atención en la causa penal 325/2025 radicada en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México. Las investigaciones analizan las operaciones de la empresa Ingemar S.A. de C.V., a la cual se le atribuye la introducción irregular de más de 18 millones de litros de hidrocarburos a través de 163 ferrotanques. Aunque Rafael Marín Mollinedo ha negado cualquier irregularidad durante su gestión aduanal, la Fiscalía continúa examinando la relación entre el entorno investigado y los movimientos financieros de hidrocarburos.
Vínculos con el crimen organizado en el radar ministerial
Las líneas de investigación ministerial también profundizan en presuntas relaciones de la alcaldesa con individuos vinculados al Cártel de Sinaloa. El objetivo del Ministerio Público consiste en determinar la naturaleza, el alcance y la veracidad de estos contactos, así como su posible interacción con el desvío de recursos públicos y el huachicol fiscal. Este análisis pretende establecer si existe una red operativa común que conecte la gestión política en Cancún con organizaciones criminales, un punto que será determinante para avanzar hacia una eventual judicialización. Pese a la gravedad de los señalamientos, estos permanecen bajo el marco de líneas de investigación sin que exista todavía una sentencia que acredite responsabilidad penal.
El impacto de la cancelación de visas estadounidenses
El endurecimiento de las medidas por parte de las autoridades de Estados Unidos ha culminado en el retiro de las visas de Ana Patricia Peralta, su esposo Lucio Galileo Lastra Abreu y su suegro Lucio Galileo Lastra Escudero. Aunque los motivos específicos de la cancelación no han sido revelados públicamente, la medida afecta a tres integrantes del núcleo familiar de la edil. La falta de una confirmación oficial que vincule directamente este retiro de privilegios migratorios con la investigación de la Fiscalía no disminuye el impacto político del suceso, el cual coloca a la familia Peralta-Lastra bajo un escrutinio internacional sin precedentes en la actual administración municipal.
La inestabilidad política frente al proceso electoral de 2027
Este caso de presunta corrupción altera el panorama electoral en Quintana Roo de cara a las elecciones intermedias de 2027. La involucración tanto de la alcaldesa como de Rafael Marín Mollinedo en estos expedientes judiciales añade un factor de inestabilidad y crisis reputacional en la lucha interna por la gubernatura estatal. El uso de recursos públicos para apuntalar proyectos políticos personales, en caso de ser comprobado por la autoridad, representaría un quiebre de la legalidad que condiciona severamente la viabilidad de los actores políticos vinculados a este proceso, marcando un hito en la fiscalización de los gobiernos municipales emanados del régimen actual.
(Con información de El Financiero)
