• Con seis votos a favor, SCJN invalidó en su totalidad el decreto que blindaba información de las obras y proyectos del Gobierno federal como “de interés público y seguridad nacional”
CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (XPFM).-Con seis votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes en su totalidad el decreto que blindaba información de las obras y proyectos del gobierno federal como “de interés público y seguridad nacional”.
“El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció los efectos de la invalidez dictada en la controversia constitucional promovida en contra del Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional,”, se lee en un comunicado.
Con los votos a favor de Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Ana Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Piña Hernández, y se tuvieron en contra: Arturo Zaldívar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
“La SCJN determinó en cuanto a dichos efectos, por mayoría de seis votos, que la invalidez del acuerdo es de carácter total, por tratarse de una instrucción hacia las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la cual quedó insubsistente. Además, por tratarse de una materia ajena a la penal, la SCJN precisó que los efectos de la resolución no serán retroactivos”, sentencia.
La Controversia constitucional 217/2021, fue promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra del Poder Ejecutivo Federal, demandando la invalidez el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de 22 de noviembre de 2021, siendo su Ponente el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
En tanto hoy representantes de 94 organizaciones de la sociedad civil llegaron hasta la Corte, donde presentaron dos documentos conocidos como “amicus curiae”, el objetivo demandar que se invalide la segunda parte del Plan B de la reforma electoral.