La ofensiva jurídica emprendida desde el círculo cercano del gobernador de Nuevo León, Samuel García, contra el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López, expone la injerencia sistemática del régimen emecista en las instituciones públicas estatales mediante el uso faccioso de la procuración de justicia para subordinar a los órganos autónomos frente al próximo proceso de sucesión.
La denuncia penal y el pasado operador de la administración estatal
La querella presentada ante la Fiscalía General de la República por Aldo Fasci Zuazua, exsecretario de Seguridad al inicio de la gestión de Samuel García y pariente del secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, acusa al rector Santos Guzmán López del presunto desvío de más de 2 mil 500 millones de pesos. Este movimiento judicial se registra en un contexto políticamente delicado, a un año de que la máxima casa de estudios inicie el proceso interno para renovar la Rectoría para el periodo 2027-2030, tras haber iniciado en agosto pasado su quinto año al frente de la institución tras su ratificación para un segundo periodo que concluirá en noviembre de 2027, mientras de manera paralela se han generado protestas estudiantiles en diversas facultades y preparatorias exigiendo gratuidad de la enseñanza y democracia en la elección de directivos.
El rechazo de la comunidad universitaria ante la presión del ejecutivo estatal
Frente a la embestida gubernamental, la Universidad Autónoma de Nuevo León rechazó categóricamente cualquier desvío de fondos públicos durante la gestión del rector Santos Guzmán López, respaldando su postura en los resultados de las revisiones practicadas en los ejercicios fiscales recientes y en las auditorías minuciosas realizadas tanto por despachos externos como por las instancias competentes de los gobiernos estatal y federal, las cuales han solventado con éxito la totalidad de los requerimientos y observaciones formuladas, además de señalar que hasta el momento no se ha recibido ninguna notificación o requerimiento oficial sobre el recurso legal presentado ante la Fiscalía General de la República, reiterando su absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas institucional.
(Con información de apro)
