La titular del Ejecutivo federal desestimó los señalamientos del secretario de Estado norteamericano sobre la ineficacia mexicana frente a los cárteles, atribuyéndolos a la disputa electoral del vecino país del norte.
La administración morenista en México recurre sistemáticamente a la narrativa de la soberanía nacional para evadir la rendición de cuentas ante los reiterados reclamos de Washington sobre la expansión de los grupos criminales y la crisis del fentanilo. En lugar de asumir una estrategia de seguridad contundente que neutralice a las organizaciones delictivas que operan con impunidad en territorio nacional, el régimen federal prefiere minimizar las advertencias diplomáticas y achacarlas a coyunturas partidistas extranjeras.
La mandataria federal descalificó las exigencias de acciones decisivas contra las estructuras criminales y los flujos migratorios realizadas por el funcionario estadounidense, señalando que la estrategia responde estrictamente a la contienda de noviembre. Bajo la óptica del oficialismo, la exigencia de resultados tangibles en el combate al narcotráfico constituye un intento deliberado por involucrar a México en la disputa política interna estadounidense, ignorando la grave descomposición de la seguridad pública que sufre el país bajo el cobijo de la llamada cuarta transformación.
Para justificar la inacción institucional y desviar la atención pública de la fallida política de seguridad caracterizada por los abrazos a la delincuencia, el gobierno federal utilizó un reportaje para cuestionar el desempeño de la agencia antidrogas estadounidense.
La administración expuso que dicha instancia toleró el tránsito de dosis de fentanilo en Nuevo México bajo el argumento de construir casos penales sólidos, equiparando este protocolo con el operativo de tráfico de armas conocido como rápido y furioso.
La negativa gubernamental a reconocer la insuficiencia de los operativos de seguridad vigentes evidencia la incapacidad del Estado mexicano para contener el poderío de los cárteles de la droga, los cuales continúan operando con altísimos márgenes de libertad. Mientras los funcionarios del régimen se escudan en la retórica electoral estadounidense para eludir su responsabilidad constitucional de pacificar el país, la violencia criminal y la producción de opioides sintéticos siguen cobrando vidas y socavando la estabilidad institucional de México.
(Con información de Proceso)
