CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (XPFM). -El Sistema de Administración Tributaria (SAT) informó que analizará el caso del cantante argentino Laureano Brizuela, quien exige la reparación de daño luego de que estuvo en la cárcel por supuesta evasión fiscal.
En diciembre de 1989, cuando Carlos Salinas de Gortari era Presidente de México, inició una cacería fiscal de su gobierno y la forma de amedrentar a los contribuyentes fue metiendo a la cárcel a personalidades del medio artístico por presunta evasión fiscal.
La primera víctima de lo que la historia mexicana llamó “terrorismo fiscal” fue Laureano Brizuela, conocido como el “Ángel del Rock”, y que en aquellos años tenía éxitos musicales como “Sueños compartidos” y “Gritando que te quiero”.
Brizuela fue arrestado el 15 de diciembre de 1989 y pagó más de mil 380 millones de pesos (cuando al peso mexicano no se le habían restado los tres ceros) y equivalía a cerca de 1.3 millones de pesos de aquel entonces. En 1996 pagó la fianza y fue absuelto.
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En esos años uno de los vehículos más caros del mercado era el Chrysler New Yorker, que tenía un precio superior a los 60 millones de pesos. Cuando el peso perdió los tres ceros en 1993, los precios se colocó en cerca de los 70 mil pesos en modelos similares.
En aquel entonces el director de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), era Pedro Aspe Armella, y Francisco Gil Díaz, era subsecretario de ingresos del organismo público.
Brizuela explicó que nunca se hizo juicio, las cortes mexicanas jamás determinaron una cantidad para que resarcir el supuesto daño, pero él pagó el dinero que le exigieron las autoridades fiscales para salir de prisión.
Después de años de litigios en los tribunales mexicanos y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallara en su contra argumentando que pagar el dinero era una forma de aceptación del presunto delito por parte del “Ángel del Rock”, el argentino fue a tribunales internacionales.
La demanda de Laureano Brizuela es que él fue absuelto, pero antes de la sentencia pagó la multa, que al final quedó comprobado que no se debía, pero jamás se le reintegró la fianza multimillonaria.
En el 2019 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió el informe número 167/19 en el cual formuló recomendaciones al Estado mexicano tras determinar que se violaron los derechos fundamentales del cantante, incluyendo su integridad y libertad personal.
El Administrador General de Recaudación del SAT, Gari Hernández González, aseguró que en esta admnistración ya no existe el “terrorismo fiscal” de aquellos años y que existe un compromiso por analizar el caso de Laureano Brizuela.
En 1993 el llamado “terrorismo fiscal de México”, así nombrado por la CIDH, tuvo a su segunda víctima en la cantante Lupita Dalessio, quien fue detenida por dos semanas, también por evasión fiscal.
