CIUDAD DE MÉXICO, agosto 20 (XPFM).- La renuncia de Mónica Soto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) abrió un nuevo debate sobre el cumplimiento de las reglas constitucionales que regulan la salida anticipada de las magistraturas electorales.
El abogado constitucionalista e investigador Javier Martín Reyes, en su columna “La renuncia de Mónica Soto: entre la duda y el delito”, cuestionó que Soto haya presentado su renuncia sin señalar en su carta una causa grave que justifique la conclusión anticipada de su encargo.
“El procedimiento no sólo genera dudas sobre la independencia judicial, sino que podría derivar también en un problema de carácter penal si posteriormente se concreta una nueva designación incompatible con la legislación”, sostiene.
Soto presentó ante el Senado una carta en la que señaló que había decidido “concluir un ciclo” y dejar el cargo. Sin embargo, su nombramiento original era por nueve años y concluyó el 31 de octubre de 2025. Su permanencia había sido extendida hasta 2028, por lo que ahora pretenda dejar la magistratura en medio del proceso electoral de 2026-2027.
Martín Reyes puso el foco en el artículo 98 de la Constitución, que establece que las magistraturas del Tribunal Electoral sólo pueden concluir anticipadamente por causas graves. En el documento presentado por Soto, señaló, no se identifica ninguna razón de esa naturaleza.
“El requisito constitucional no es un formalismo menor, sino una garantía para preservar la independencia de quienes integran los órganos jurisdiccionales frente a presiones o incentivos políticos. Por ello aceptar una renuncia sin acreditar una causa grave supondría debilitar una de las principales salvaguardas de la autonomía judicial”, afirmó.
El caso también genera interrogantes sobre el futuro de Soto. De acuerdo con información publicada por El Universal, la magistrada podría incorporarse al Servicio Exterior Mexicano y ser designada como cónsul. El escenario adquiere relevancia porque la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece restricciones para que quienes hayan sido magistrados electorales ocupen determinados cargos públicos durante los dos años posteriores a la conclusión de su encargo.
A ello se suma que Soto participó en la calificación de la elección presidencial en la que resultó ganadora Claudia Sheinbaum y en la resolución de impugnaciones relacionadas con la validez de esos comicios. Reyes advierte que una eventual designación posterior tendría que analizarse a la luz de esas disposiciones y no únicamente como una decisión administrativa.
Como antecedente de este cuestionamiento, el ministro en retiro Javier Laynez Potisek también advirtió que la Constitución establece que la renuncia de un magistrado electoral sólo procede por causa grave y que ésta debe ser aprobada por el Legislativo. Laynez señaló que la carta de Soto no expone una razón que justifique ese supuesto y cuestionó que las normas constitucionales sean interpretadas “a conveniencia”.
La discusión, sin embargo, va más allá de la salida de una magistrada. Para Martín Reyes, el problema de fondo es si las instituciones están dispuestas a hacer valer los límites establecidos por la Constitución o si, como ha advertido, se permitirá que una renuncia presentada sin causa grave termine convirtiéndose en una vía para eludir esas restricciones. Su conclusión es contundente: el intento de salida de Soto ya puso en entredicho la Constitución y la independencia judicial; falta determinar si también tendrá consecuencias frente a la ley penal.
