CIUDAD DE MÉXICO, abril 06 (XPFM).- En medio del debate público generado por la reciente decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) respecto a México, su presidente, Juan Pablo Albán, emitió una respuesta dirigida al Gobierno mexicano, en la que precisa el marco jurídico y procedimental de la actuación del órgano, y subraya la necesidad de mantener el respeto institucional en el diálogo internacional.
El pronunciamiento, difundido con un “espíritu constructivo” y “respeto a la posición soberana de México”, busca aclarar varios puntos que han generado controversia en las últimas semanas.
Albán recordó que los órganos de tratado, como el CED, son mecanismos creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los Estados miembros, y que su función principal es supervisar su cumplimiento.
“Somos elegidos por los propios Estados partes y actuamos con independencia, pero no al margen del Sistema de las Naciones Unidas”, enfatizó.
El presidente del Comité aclaró un punto crucial: la decisión publicada el pasado jueves no es una remisión dirigida a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), sino a la Asamblea General de la ONU, el máximo órgano deliberante del organismo internacional, tal como lo establece el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Dicho artículo faculta al Comité, cuando recibe información con “indicios bien fundados” de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, a llevar urgentemente la cuestión a consideración de la Asamblea General por conducto del Secretario General.
Albán subrayó que el análisis del Comité no se limita a un periodo cerrado, sino que examina la evolución de la situación hasta la actualidad, considerando las interacciones con el Estado mexicano desde 2012. En su decisión, el CED señala textualmente:
- Párrafo 97: “el Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas (más de 132.400 al 19 de febrero de 2026) y su constante aumento son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”.
- Párrafo 100: “a inicios de 2026, las cifras oficiales estiman alrededor de 72.000 restos humanos sin identificar (en comparación con 52.000 en el momento de la visita del Comité en 2021)”.
El presidente del Comité reconoció que el desacuerdo es legítimo, incluso en el plano jurídico o político —aunque pidió no politizar el asunto—, pero advirtió que “la descalificación es cuestionable”.
En ese sentido, recordó el principio 5 de las Directrices de Addis Abeba, que establece que los miembros de los órganos de tratado “no podrán estar sometidos a ningún tipo de dirección o influencia ni a presiones del Estado del que sean nacionales ni de ningún otro Estado o de sus organismos”.
Finalmente, Albán reiteró que los objetivos compartidos deben seguir siendo: fortalecer la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos y erradicar el fenómeno, siempre “en beneficio de las víctimas y sus familias”.
El Comité puso a disposición del público el texto completo de su decisión, así como los enlaces a los documentos oficiales que sustentan su mandato y funcionamiento.
