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PRESENTA FAMILIA DE ITIEL PALACIOS QUEJA ANTE CNDH

La madre del empresario acusado por la Fiscalía de Veracruz por supuestos asesinatos aseguró que no existen pruebas en contra de su hijo para retenerlo en prisión.

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (XPFM). -La familia del empresario mexicano, Itiel Palacios García, prisionero sin fundamentos legales por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las constantes y sospechosas violaciones en los procesos jurídicos en su contra.

El empresario mexicano fue absuelto de dos ocasiones al demostrar que los supuestos delitos de homicidio doloso en contra de tres personas y que las pruebas presentadas junto con las malas acusaciones de la Fiscalía demostraron no fueron cometidos por él

Palacios García se dice víctima de una persecución implacable de todo el aparato de Estado del gobernador Cuitláhuac García, quien utiliza a la Fiscalía de Veracruz como medio opresor en su contra a pesar que ya en dos ocasiones demostró su inocencia con pruebas contundentes.

La madre de Palacios García, la señora Cecilia García Rosales, acudió al organismo autónomo para denunciar constantes violaciones a los derechos humanos contra su hijo cometidos presuntamente por autoridades de Veracruz, encabezadas por el gobernador Cuitláhuac Garcia Jiménez.

Bajo el folio 66908/2023 de la Oficina de Partes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quedó asentada la queja presentada en contra de distintas autoridades del Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado.

El empresario fue acusado en un inicio del presunto asesinato del diputado local del PRI, Juan Carlos Molina, ocurrido en noviembre del 2019 en Medellín de Bravo y la prueba “estelar” de la fiscalía fue un presunto testigo que habría visto a 200 metros de distancia disparar a Palacios García.

En las declaraciones del testigo aseguró que reconoció a Palacios García por un lunar que tiene en el rostro a pesar de que declaró se encontraba a 200 metros de distancia

Tras un largo juicio, Itiel Palacios García fue exonerado por falta de pruebas y se ordenó su inmediata libertad, sin embargo, autoridades ministeriales lo recapturaron saliendo del penal con una investigación y orden de captura.

En esta tercera captura en contra del hombre de negocios no existían reportes antes de la tarde del pasado sábado 3 de junio, cuando había sido puesto en libertad por la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien no lo vinculó a proceso por falta de pruebas.

Documentos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y de la Fiscalía a General de la República (FGR), confirmaron que hasta el sábado por la tarde, no había ninguna carpeta de investigación en contra de Itiel Palacios García en ninguno de los 32 estados del país.

Ahora la Fiscalía General del Estado de inició una investigación por el presunto crimen de dos personas, ello en medio, de diversas irregularidades administrativas y jurídicas, denunció la señora García Rosales ante la CNDH.

En la queja ante el organismo nacional se mencionó que Itiel Palacios es señalado por funcionarios de la fiscalía veracruzana y el gobernador de ese estado, Cuitláhuac García, de ser un delincuente investigado por tres asesinatos, entre ellos el del diputado del PRI y líder agrario, Juan Carlos Molina.

En todos los procesos judiciales Itiel Palacios y su equipo jurídico demostraron su inocencia y la Fiscalía del Estado no presentó las pruebas necesarias para vincularlo a proceso en ninguno de los casos y fue absuelto.

El lunes pasado, el gobernador Cuitláhuac García se refirió a Palacios García como un delincuente con recursos para sobornar jueces e incluso informó del arresto de la jueza Angélica Sánchez Hernández, quien emitió la resolución para la libertad inmediata del empresario, asegurando que no había pruebas de culpa en su contra.

En la queja se señalan toda una serie de contradicciones en dirigencias, investigaciones ministeriales, errores de servidores públicos e incluso un grave riesgo en la impartición de justicia local y federal PRI amenazas públicas de autoridades en contra de jueces que llevan el proceso o atienden el caso.