En un país donde más de 130 mil personas permanecen desaparecidas, el Gobierno federal enfrenta un nuevo señalamiento por incumplir una de sus obligaciones más sensibles: mantener actualizado el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas. La organización Elementa DDHH promovió un juicio de amparo contra la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), al acusarlas de mantener inoperante una herramienta esencial para localizar personas desaparecidas e identificar restos humanos.
La demanda, presentada ante el Juzgado Primero de Distrito en Baja California, sostiene que las autoridades federales han omitido emitir los lineamientos técnicos necesarios y han incumplido con la integración, coordinación y actualización del registro nacional. El juez requirió a la organización ampliar algunos elementos de la demanda antes de decidir sobre su admisión formal, pero el fondo del reclamo apunta a una presunta omisión del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones legales.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda establece que las autoridades deben crear, integrar, mantener actualizado y hacer funcionar diversos registros nacionales para fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, entre ellos el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas. Su propósito es concentrar información confiable, homologada y georreferenciada que permita coordinar las investigaciones y facilitar la localización de víctimas. Sin embargo, esa obligación legal contrasta con la realidad.
En 2025, la Comisión Nacional de Búsqueda eliminó de su portal el mapa y el registro público de fosas clandestinas. La decisión dejó sin acceso a una de las principales fuentes oficiales de información, pese a que la plataforma ya presentaba un rezago importante: los últimos datos disponibles correspondían a agosto de 2023. Desde entonces, el vacío informativo ha sido cubierto, en gran medida, por colectivos de búsqueda y organizaciones civiles.
La ausencia de información oficial ha obligado a las familias de personas desaparecidas a realizar labores que corresponden al Estado. Son madres, padres, hermanos e hijos quienes recorren cerros, ranchos y predios abandonados en busca de fosas clandestinas, mientras documentan hallazgos y construyen bases de datos independientes para suplir la falta de registros gubernamentales. En lugar de encontrar instituciones fortalecidas, los colectivos denuncian abandono, rezagos y opacidad.
Ante esa omisión, organizaciones civiles desarrollaron la Plataforma Ciudadana de Fosas, un esfuerzo independiente que recopila información obtenida de fiscalías, medios de comunicación y colectivos de búsqueda. La existencia de esta herramienta evidencia una paradoja: en México, la sociedad civil ha tenido que asumir funciones de documentación y sistematización que corresponden legalmente al Gobierno.
Las cifras reflejan la magnitud de la crisis. Entre 2006 y 2024 fueron documentadas 3 mil 298 fosas clandestinas, de las que se exhumaron más de 8 mil 31 cuerpos. Guerrero concentra 415 fosas, Veracruz 397, Sonora 342, Guanajuato 275 y Jalisco 245, entidades donde la violencia del crimen organizado y las desapariciones han dejado una profunda huella.
Para especialistas y colectivos, un registro desactualizado no representa únicamente una falla administrativa. Sin información precisa resulta más difícil identificar patrones de violencia, coordinar operativos de búsqueda, identificar restos humanos y garantizar el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos. La falta de datos también limita la rendición de cuentas y dificulta evaluar la respuesta de las autoridades frente a una de las mayores crisis humanitarias del país.
El amparo promovido por Elementa DDHH trasciende el ámbito jurídico. Pone en evidencia un problema estructural: mientras el Gobierno asegura que la atención a las desapariciones es una prioridad, uno de los instrumentos más importantes para enfrentar esa emergencia permanece desactualizado y fuera del alcance del público.
En un país con más de 130 mil personas desaparecidas, la falta de un registro confiable no puede interpretarse como un simple descuido administrativo; representa una omisión que prolonga la incertidumbre de miles de familias y alimenta la percepción de que el Estado sigue reaccionando con lentitud frente a una tragedia nacional.
