CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (XPFM).- Tras la controvertida elección de jueces y magistrados por voto popular, la diputada Olga Sánchez Cordero (Morena) impulsa una reforma constitucional que busca corregir el rumbo del Poder Judicial mediante la imposición de requisitos rigurosos y evaluaciones técnicas para futuros aspirantes, un giro que admite —de facto— las deficiencias del proceso anterior.
La iniciativa, firmada además por Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez y Javier Corral busca “corregir” la reforma que llevó a la elección popular de juezas, magistrados y ministras del Poder Judicial.
La propuesta que modifica cerca de 10 artículos de la Constitución, ha encontrado resistencia dentro de su propio partido: un grupo de legisladores morenistas se ha pronunciado en contra de la propuesta al considerar que introduce filtros elitistas que contradicen el espíritu de la elección popular directa.
La propuesta de Sánchez Cordero establece que, a diferencia de los primeros jueces y magistrados elegidos por votación —cuyos perfiles fueron cuestionados por falta de preparación—, ahora los candidatos deberán acreditar exámenes implementados por la Escuela Judicial, obtener una certificación oficial y cumplir con años mínimos de servicio profesional: siete para magistraturas (con tres dentro del Poder Judicial) y diez para ministros (cinco de ellos dentro de la judicatura).
“Buscamos calificación técnica, profesionalización y requisitos rigurosos”, subrayó la legisladora, quien reconoció que la experiencia pasada evidenció áreas de mejora, aunque evitó llamarlas errores.
La reforma también propone desahogar la Suprema Corte creando dos secciones especializadas (penal/civil y laboral/administrativa), separar la elección judicial de los comicios ordinarios para evitar saturación operativa y establecer un observatorio ciudadano de vigilancia permanente.
De acuerdo al abogado José Mario de la Garza marroquín, presidente de Perteneces A.C., esta iniciativa “es la respuesta al experimento de 2025, cuando la primera elección masiva de juzgadoras colapsó los comités de los tres poderes, saturó de expedientes el sistema y mezcló la justicia con la guerra electoral”.
Sin embargo, la negativa del ala dura morenista —que exige mantener la elección sin candados técnicos— pone en duda la viabilidad del consenso interno, mientras Sánchez Cordero confía en sumar apoyos transversales, incluso de la oposición, para “fortalecer al Poder Judicial y despolitizarlo”.
La iniciativa será discutida en comisiones y, de ser aprobada, requerirá el respaldo de los congresos estatales.
