CIUDAD DE MÉXICO, agosto 08 (XPFM).- La suspensión de las inspecciones estadounidenses para la exportación de aguacate dejó al descubierto que la violencia en Michoacán sigue siendo un obstáculo para una de las industrias más importantes del país. Apenas un día después de que el gobierno de Estados Unidos detuviera las revisiones por una amenaza contra sus intereses, el Gobierno de México respondió con el despliegue de mil 557 elementos de la Guardia Nacional en la principal región productora del llamado “oro verde”.
De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, los efectivos fueron enviados a municipios aguacateros con la misión de resguardar empacadoras, rutas de transporte y puntos de inspección, además de contener las extorsiones atribuidas a grupos del crimen organizado.
El operativo busca generar las condiciones para que el personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) retome las certificaciones indispensables para exportar el fruto al mercado estadounidense. Desafortunadamente El despliegue de la Guardia Nacional llega como una reacción a una crisis ya consumada y no como una medida preventiva.
La decisión evidencia que la estrategia de seguridad no logró evitar que Washington tomara una medida que impacta directamente a uno de los sectores agrícolas más rentables del país. Si fue necesario desplegar más de mil 500 elementos después de la suspensión, la pregunta es por qué esas condiciones de seguridad no existían antes de que Estados Unidos decidiera retirar temporalmente a sus inspectores.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su administración trabaja en un plan conjunto con productores y que ya estableció comunicación con la embajada estadounidense para acelerar el restablecimiento de las inspecciones. El Gobierno mexicano también busca una reunión con el USDA para negociar el regreso de los inspectores o explorar la posibilidad de que la certificación sea realizada por personal de la autoridad sanitaria mexicana.
La urgencia tiene una explicación económica. Estados Unidos compra cerca del 90 % de las exportaciones mexicanas de aguacate, por lo que cualquier interrupción representa pérdidas para productores, empacadores y trabajadores del sector. Más que un diferendo comercial, la suspensión refleja la preocupación de Washington por la capacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad en una región dominada por la disputa entre organizaciones criminales.
Michoacán, principal productor y exportador de aguacate del país, enfrenta desde hace años una combinación de violencia, extorsión, tala ilegal y control territorial por parte de grupos delictivos. Municipios como Uruapan, Tancítaro, Peribán, Los Reyes, Tacámbaro y Salvador Escalante concentran buena parte de la producción nacional, pero también han sido escenario recurrente de enfrentamientos y cobros ilegales contra los productores.
No es la primera vez que ocurre una situación de este tipo. En 2022 y 2024, Estados Unidos también suspendió temporalmente las inspecciones por motivos de seguridad. La repetición de estos episodios revela que, pese a los operativos anunciados por distintos gobiernos, las condiciones que originaron el problema persisten y continúan afectando la confianza del principal socio comercial de México.
La decisión de Washington representa un recordatorio de que la violencia en Michoacán ya no solo afecta a las comunidades locales, sino que tiene consecuencias directas sobre el comercio internacional, la economía regional y la imagen del país. Mientras el Gobierno intenta convencer a Estados Unidos de reanudar las inspecciones, el episodio vuelve a exhibir que el crimen organizado sigue teniendo la capacidad de alterar una de las cadenas de exportación más importantes de México.
