CIUDAD DE MÉXICO, agosto 06 (XPFM).- La defensa que hizo el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sobre el mensaje del secretario de Educación, Mario Delgado, abrió nuevamente el debate sobre los límites constitucionales de la propaganda gubernamental y el uso de los programas sociales con fines políticos.
Luego de que Mario Delgado afirmara en un video que la beca Rita Cetina es un apoyo que “les manda la presidenta” Claudia Sheinbaum, Gutiérrez Luna salió a respaldar públicamente esa narrativa. El legislador sostuvo que el funcionario únicamente buscó destacar a quienes impulsaron la política social y descartó que existiera promoción personalizada o alguna violación a la ley.
La defensa contrasta con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 134, en sus párrafos séptimo y octavo, dispone que los recursos públicos deben administrarse con imparcialidad y prohíbe que la propaganda gubernamental incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Además, la difusión de programas sociales debe tener carácter estrictamente institucional y evitar que los beneficios sean presentados como favores personales de un gobernante.
En este caso, la expresión utilizada por Mario Delgado —al afirmar que el dinero de la beca “se los manda la presidenta”— atribuye un recurso financiado con el Presupuesto de Egresos de la Federación a la voluntad de una persona, cuando en realidad los programas sociales se pagan con recursos públicos aprobados por el Congreso y provenientes de los impuestos de los mexicanos. La legislación electoral y los criterios del Tribunal Electoral han sostenido reiteradamente que los apoyos gubernamentales no pueden asociarse con la imagen o generosidad de un funcionario.
La incongruencia resulta colosal porque quien ahora intenta justificar ese mensaje es un diputado federal, cuya responsabilidad constitucional incluye conocer, aprobar y hacer cumplir el marco legal que regula precisamente el uso imparcial de los recursos públicos. Gutiérrez Luna reconoció que los programas sociales forman parte de políticas públicas financiadas con recursos del Estado y aprobadas por el Congreso, pero al mismo tiempo minimizó un mensaje que personaliza esos beneficios en la figura de la presidenta.
El legislador argumentó que el objetivo era reconocer a quienes impulsaron los programas sociales desde la llamada Cuarta Transformación. No obstante, esa explicación no elimina el problema jurídico de fondo: la Constitución no prohíbe informar sobre políticas públicas, sino convertir esa información en un mecanismo para exaltar la imagen de un servidor público o hacer creer a los beneficiarios que los recursos provienen de su voluntad personal.
Las declaraciones de Sergio Gutiérrez Luna reflejan una contradicción preocupante. Mientras el texto constitucional exige neutralidad en la comunicación gubernamental y prohíbe la promoción personalizada, uno de los vicepresidentes de la Cámara de Diputados optó por defender un mensaje que atribuye recursos públicos directamente a la presidenta. Más que una simple diferencia de interpretación, el episodio evidencia cómo desde el propio Poder Legislativo se normalizan prácticas que la Constitución buscó erradicar para impedir el uso político de los programas sociales y garantizar que el dinero público sea reconocido como patrimonio de todos los mexicanos, no como herramienta de promoción de quienes ejercen el poder.
