CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (XPFM).- En el marco de un foro legislativo convocado por el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, especialistas en derechos humanos coincidieron en un punto central: el Estado mexicano no puede negarse a recibir ni a atender el informe del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. La razón, explicaron, no es política ni discrecional, sino estrictamente jurídica, derivada de los tratados y convenciones internacionales que el país ha suscrito.
José Antonio Guevara, miembro de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, desglosó ante los asistentes el alcance de esas obligaciones.
“El gobierno debe responder de buena fe a las solicitudes del Comité, proporcionar información veraz y completa, prevenir daños irreparables y ejecutar las recomendaciones que emerjan del organismo. Además, tiene el deber de proteger a las víctimas y a sus familiares que participan en los procedimientos, abstenerse de cualquier acto de intimidación o desacreditación contra quienes colaboran con la instancia internacional, cooperar con la Asamblea General y llevar las investigaciones hasta el fin, con sanciones efectivas para los responsables”, dijo.
Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, trasladó el debate del terreno normativo al de los resultados concretos. A su juicio, resulta estéril presumir de leyes avanzadas o de instituciones fortalecidas si las desapariciones continúan a ritmo acelerado, si la crisis forense no cede y si la cifra de cuerpos sin identificar —más de 80 mil actualmente— no deja de crecer.
“La impunidad casi absoluta convierte cualquier avance formal en letra muerta. Por ello, insistió en que las leyes deben volverse “vivientes” y cumplirse en los hechos, no solo en los discursos”, señaló.
El testimonio de las madres buscadoras aportó la dimensión más cruda de la crisis. María Herrera, titular de la Fundación que lleva su nombre y madre de cuatro hijos desaparecidos, denunció que el gobierno federal no solo no acompaña a las víctimas, sino que las ignora y las minimiza.
“La administración actual está “peor” que las anteriores, pues ha desmantelado las instituciones que brindaban apoyo a las buscadoras y se niega a reconocer la gravedad de un país “sangrante” convertido en una fosa común”, afirmó.
Ante la visita del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, Herrera expresó su esperanza de que ese funcionario conozca la verdadera dimensión de la tragedia: las omisiones, la colusión y el silencio oficial.
María Guadalupe Aguilar, representante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ), describió a las familias como “muertas en vida” y denunció la impotencia que sienten ante un gobierno que, pese a su respuesta deficiente, espera ser aplaudido por fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda.
Finalmente, el diputado panista Federico Döring, puso el dedo en una llaga institucional: es la ciudadanía organizada la que abre el debate sobre las desapariciones, mientras la mayoría parlamentaria se niega a hacerlo y evita llamar a comparecer a los servidores públicos responsables.
Una de las buscadoras resumió el sentimiento colectivo al señalar que, en un México donde la narrativa pesa más que la rendición de cuentas, las iniciativas ciudadanas como las de los asistentes valen doble.
