CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (XPFM).- En el marco de la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, anunció lo que será una lluvia de juicios políticos en contra de Rosario Piedra Ibarra para avanzar en la recuperación de la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un contexto marcado por la crisis de desapariciones en el país.
La legisladora explicó que estos recursos legales —que serán promovidos por madres buscadoras, víctimas y colectivos — servirán como un instrumento para que las y los legisladores cuenten con elementos jurídicos que les permitan actuar frente a una situación que, dijo, exige una respuesta desde el Congreso.
“La permanencia de la titular de la CNDH resulta insostenible frente a una tragedia transexenal que ha cobrado la vida de más de 140 mil personas, especialmente en materia de desapariciones, y la decisión de avanzar en un eventual juicio político no debe estar condicionada por intereses partidistas”, advirtió.
La decisión del juicio político quedará en manos de las víctimas; es un tema de justicia, no de partidos, el Poder Legislativo no puede ser cómplice, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, incluyendo a Morena y al Partido Verde, a asumir una posición frente a la situación de la CNDH y a no evadir el problema.
Ballesteros Mancilla subrayó que estas acciones buscan avanzar en la recuperación de la autonomía del organismo y restituir su papel como garante de los derechos humanos, en un momento en el que —dijo— la falta de respuesta institucional ha profundizado la desconfianza de las víctimas hacia las autoridades.
Entrevistada en la Cámara de Diputados, la legisladora también se pronunció sobre el feminicidio de Edith Guadalupe en la Ciudad de México, y exigió que sin pretextos la Cámara de Diputados debe aprobar en el pleno la Ley General contra Feminicidios, pendiente desde la semana pasada.
Este caso —señaló— volvió a exhibir fallas graves en la actuación de las autoridades, la falta de regulación y la necesidad de reformar de raíz a las Fiscalías y Ministerios Públicos.
Advirtió que este tipo de casos reflejan un problema estructural en el país, donde el 90% de los feminicidios ocurren en entornos cercanos, como el hogar o con personas conocidas, lo que revela la dimensión real del riesgo que enfrentan mujeres y niñas, al tiempo que existe una distorsión en la clasificación de los delitos, de más de 7 mil casos registrados como homicidios dolosos de mujeres, apenas el 10% se investigan como feminicidio.
En ese contexto, anunció que solicitará a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política que se turne de inmediato el dictamen de la Ley General contra Feminicidios —ya aprobado en el Senado— para que sea discutido y votado en el pleno de la Cámara de Diputados.
“Ante la crisis que se está viviendo y la falta de reparación del daño, la Cámara de Diputados debe aprobar esta ley de manera inmediata para garantizar protección efectiva”, expresó.
Sobre el caso en la capital, Ballesteros fue enfática al señalar que hubo omisiones por parte de las autoridades, al recordar que el marco jurídico establece que no es necesario esperar 72 horas para activar protocolos de búsqueda en casos de desaparición vinculados a feminicidio, por lo que la falta de reacción inmediata y las denuncias de posibles irregularidades en la investigación evidencian la debilidad de las fiscalías y los ministerios públicos.
Finalmente, advirtió que el caso de Edith Guadalupe no es un hecho aislado, sino una señal de alerta sobre la urgencia de fortalecer el sistema de justicia en el país y garantizar condiciones reales de seguridad para las mujeres.
