La Fiscalía General de la República busca procesar penalmente al juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, citado para el 14 de diciembre de 2026 a las 10:00 horas en Colima, tras ser señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum de disminuir condenas en cuatro casos de drogas.
La ruta judicial y el cambio de jurisdicción
El proceso penal contra el juzgador federal será encabezado por la juez Denisse Viridiana Romero Ruelas, adscrita a Nayarit, tras las excusas de tres juzgadores.
La causa penal 104/2026 marca un precedente en la fiscalización de funcionarios judiciales señalados por anomalías procesales. El requerimiento legal fue emitido para desarrollarse en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Colima, obligando la intervención de una autoridad jurisdiccional ajena a la adscripción original del imputado. Previo a la designación de la juez electa por voto popular, tres magistrados federales se negaron a conocer el expediente, lo que obligó al Poder Judicial Federal a instrumentar un operativo de notificación domiciliaria en la Ciudad de México para emplazar formalmente al acusado y a su defensor público asignado.
La representación ministerial corre a cargo de la agente del ministerio público federal Lucía Santiago Leyva, quien encabeza la titularidad del Equipo de Investigación y Litigación A-II perteneciente a la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos por Personas Servidoras Públicas y contra la Administración de Justicia, dependiente de la Fiscalía General de la República.
Antecedentes de la suspensión y el papel del tribunal
El Tribunal de Disciplina Judicial suspendió previamente al juzgador por avalar procedimientos abreviados contrarios a derecho.
El origen de la indagatoria se remonta a noviembre del año pasado, lapso en el cual el Tribunal de Disciplina Judicial determinó la suspensión provisional del juzgador tras documentar la reducción sistemática de sanciones corporales en cuatro casos vinculados al narcotráfico y a la posesión ilícita de armamento de fuego.
Dichas resoluciones judiciales se instrumentaron mediante procedimientos abreviados donde los imputados admitieron su responsabilidad penal, acuerdos pactados inicialmente entre la propia Fiscalía General de la República y los procesados, los cuales terminaron por ser revocados por tribunales de apelación al considerarlos violatorios del marco legal vigente.
La actuación del funcionario federal motivó que la propia administración federal, a través de la Secretaría de Marina, solicitara formalmente la intervención disciplinaria en octubre de 2025, configurando un expediente que ahora trasciende del ámbito administrativo a la persecución penal directa sin que esto signifique la conclusión del procedimiento sancionador primigenio.
(Con información de Proceso)
