El Senado de la República aprobó en la Ciudad de México la nueva Ley Aduanera el 13 de octubre de 2026, fijando facultades de comprobación obligatoria y multas de hasta el 100% contra el huachicol fiscal y la subvaluación.
Nuevas facultades y sanciones severas para el comercio exterior
La modificación legal endurece el control fiscal al establecer multas equivalentes de entre el 50 y el 100% del valor comercial de las mercancías.
El Pleno del Senado de la República avaló la Ley Aduanera con una votación de 66 votos a favor, 37 en contra y una abstención, estructurando un marco punitivo severo para combatir el huachicol fiscal y la subvaluación de mercancías empleada por corporaciones para evadir impuestos. El eje central de esta modificación radica en otorgar facultades de comprobación obligatoria a las autoridades aduaneras cuando el valor declarado en el pedimento resulte inferior al valor de transacción de mercancías idénticas o similares.
Esta directiva busca neutralizar las prácticas que laceran la recaudación pública, socavan a la industria nacional y generan condiciones desleales de competencia para los sectores productivos que cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales. Asimismo, la normativa ajusta el régimen de infracciones para los casos vinculados con hidrocarburos y petrolíferos, precisando además los mecanismos jurídicos destinados a sustituir el embargo precautorio mediante el depósito de las garantías correspondientes, tras lo cual el decreto fue remitido a la titular del Ejecutivo para su posterior publicación y entrada en vigor.
Cuestionamientos de la oposición ante el riesgo de discrecionalidad
Legisladores del PRI y del PAN advirtieron sobre la eliminación de umbrales claros y el peligro de castigar errores administrativos como delitos.
Desde la tribuna legislativa, la oposición manifestó reparos fundamentales frente al alcance de las nuevas disposiciones. La senadora del Partido Revolucionario Institucional, Carolina Viggiano, aclaró que su bancada respalda el combate al contrabando, pero rechazó otorgar un cheque en blanco al Ejecutivo, señalando que existe una línea delgada entre dotar de herramientas al Estado y conferir discrecionalidad gubernamental para ejecutar embargos mediante reglas administrativas futuras. La legisladora puntualizó que las atribuciones de la autoridad deben constar explícitamente en el texto legal y no quedar supeditadas a normativas secundarias que el propio gobierno publique con posterioridad.
En la misma línea, el senador del Partido Acción Nacional, José Máximo García López, lamentó la pérdida de equilibrio en la reforma al aseverar que esta termina castigando penalmente errores de papeleo comunes en el comercio internacional. El legislador advirtió que al eliminarse la regla anterior que marcaba un margen del 50% de diferencia en el precio para presumir un fraude, se deja a la libre interpretación de un funcionario aduanal la tipificación de una anomalía, lo que podría derivar en la retención arbitraria de mercancías y la exigencia de depósitos financieros excesivos a los contribuyentes.
(Con información de Proceso)
