CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (XPFM).- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los programas sociales de su gobierno no se utilizan para orientar el voto de los ciudadanos y rechazó que las becas y pensiones tengan un propósito electoral. Según la mandataria, esas prácticas pertenecen a los gobiernos del pasado.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que actualmente nadie debe declarar su simpatía política para recibir una pensión o una beca. Basta, dijo, con cumplir los requisitos e inscribirse al programa para recibir una tarjeta del Bienestar y comenzar a recibir los recursos.
“Antes los programas sociales sí eran programas clientelares”, afirmó la presidenta.
Contrastó su administración con gobiernos anteriores. Recordó que, según su versión, en iniciativas como “Hambre Cero” los beneficiarios debían registrarse y mantener contacto permanente con las dependencias encargadas, en un esquema que, aseguró, podía servir para orientar políticamente a los ciudadanos.
Sheinbaum sostuvo que la diferencia con su gobierno es que los programas actuales son universales o están dirigidos a sectores y regiones específicas, como ocurre con Sembrando Vida, sin que exista —según dijo— condicionamiento por afinidad partidista.
Sin embargo, la defensa presidencial ocurre en un momento políticamente sensible pues el gobierno ha incrementado de manera importante el número de beneficiarios de programas sociales mientras México se encamina hacia las elecciones de 2027.
Ahí surge el principal cuestionamiento. El debate no se limita a si a los beneficiarios se les pregunta directamente por quién votarán. La discusión es más amplia: ¿hasta qué punto la expansión de programas financiados con recursos públicos puede traducirse en una ventaja política para el partido que gobierna?
Sheinbaum y Morena sostienen que las pensiones y becas son derechos sociales, no favores. Sin embargo esos programas son presentados de manera constante como uno de los principales logros de un gobierno y, al mismo tiempo, como una muestra de los beneficios de mantener en el poder al movimiento que los impulsa.
La propia presidenta ha construido buena parte de su proyecto político como continuidad de la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuyo sexenio convirtió los programas sociales en uno de los principales emblemas de la llamada Cuarta Transformación. Morena también ha hecho de las pensiones, becas y apoyos una de sus principales banderas políticas.
Ahí está el contraste: entregar un apoyo sin exigir una afiliación partidista no elimina automáticamente el debate sobre su posible aprovechamiento político. La frontera entre política social, promoción gubernamental y estrategia electoral se vuelve especialmente delicada cuando los beneficios públicos son incorporados de forma constante al discurso de un movimiento que busca conservar y ampliar su poder.
Sheinbaum también defendió las becas para estudiantes frente a las críticas sobre el destino que algunos jóvenes podrían dar al dinero, como comprar cigarros o cerveza. La presidenta calificó esos cuestionamientos como absurdos y afirmó que reflejan una falta de confianza en los jóvenes y sus familias.
Para la mandataria, las becas son herramientas de bienestar que fortalecen la educación. El cuestionamiento de sus críticos, sin embargo, no se centra necesariamente en la existencia de los apoyos, sino en la forma en que el gobierno y Morena los incorporan a su narrativa política.
El antecedente resulta especialmente incómodo para el actual gobierno: Morena llegó al poder denunciando el uso político de los programas sociales durante las administraciones del PRI y del PAN. Hoy, desde el gobierno, enfrenta un escrutinio similar sobre la manera en que los recursos públicos y los beneficios sociales pueden generar una rentabilidad electoral para el partido en el poder.
Por ello, la discusión no se resuelve únicamente con afirmar que a los beneficiarios no se les pregunta por quién votarán. La verdadera prueba para el gobierno será garantizar una separación clara entre los recursos públicos, la promoción gubernamental y las campañas partidistas. De lo contrario, rumbo a 2027 seguirá vigente una pregunta incómoda: ¿dónde termina la política social y dónde comienza la ventaja electoral de quien gobierna?
