La ausencia injustificada de Francisco Garduño Yáñez en su audiencia judicial evidencia una estrategia de impunidad institucional y un desdén hacia las víctimas de la tragedia de marzo de 2023. El excomisionado del Instituto Nacional de Migración, actualmente integrado en el gabinete de Claudia Sheinbaum, ha evadido su responsabilidad directa ante el sistema de justicia mexicano.
La impunidad bajo el amparo judicial
El desplante protagonizado por Garduño Yáñez durante la cita procesal programada en Ciudad Juárez revela una preocupante permisibilidad por parte del Poder Judicial. El juez Víctor Manlio Hernández Calderón optó por diferir la audiencia sin establecer una nueva fecha y sin imponer sanción alguna al funcionario por su incomparecencia, a pesar de que la presencia física era una condición obligatoria impuesta por el juzgado. Este trato preferencial hacia un integrante de la administración de la Cuarta Transformación refuerza la percepción de un sistema de justicia selectiva donde el Estado mexicano parece proteger a sus propios cuadros frente a la tragedia que resultó en la muerte de 40 personas y lesiones permanentes en 27 individuos más.
La ruptura de las víctimas con la narrativa estatal
Diez sobrevivientes y diez familiares de los fallecidos emitieron un comunicado condenando la falta de respeto institucional hacia este proceso. La molestia no solo deriva de la ausencia del excomisionado, sino de la ineficacia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo cual motivó que la representación legal de un migrante guatemalteco fallecido fuera revocada y trasladada a organizaciones de la sociedad civil. Este movimiento subraya la desconfianza total en las instituciones del gobierno actual para garantizar la justicia, toda vez que las víctimas sostienen que el incendio fue un evento evitable y que el funcionario ha buscado activamente evadir su responsabilidad penal bajo la figura de la suspensión condicional del proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
La omisión del estado ante el desastre
El hecho de que el propio Garduño solicitara la suspensión condicional para evitar un juicio, para posteriormente ignorar los requerimientos de la autoridad jurisdiccional, constituye una burla a las leyes que el propio régimen dice defender. La exclusión de 15 mujeres sobrevivientes, quienes padecen secuelas tras atestiguar el siniestro pero no han sido reconocidas oficialmente como víctimas, acentúa la postura crítica de organizaciones como el Instituto para Mujeres en Migración, la Clínica Jurídica para Personas Migrantes Alaide Foppa, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y Derechos Humanos Integrales en Acción. La actuación del juez Hernández Calderón al omitir medidas correctivas envía un mensaje de indefensión para aquellos que buscan justicia frente a una administración que prioriza el blindaje de sus funcionarios por encima de la rendición de cuentas.
(Con información de Proceso)
