WASHINGTON, USA, febrero 20 (XPFM). -La Suprema Corte de los Estados Unidos, determinó que los aranceles impuestos por el Presidente Donald Trump a productos de todo el mundo, son anticonstitucionales y los anuló.
El golpe más duro de la guerra comercial impuesta por Trump llegó desde su propia casa, luego de que el Máximo Tribunal estadounidense señalara que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales, no le otorga facultades para imponer dichos aranceles de forma unilateral.
Ni argumentando una emergencia nacional el mandatario de Estados Unidos tiene la facultad de imponer aranceles a otros gobiernos, como lo hizo desde su primer día de gobierno de su segundo periodo.
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Argumentando que son una forma de presionar a países como México para que entregue mejores resultados en su lucha contra el narcotráfico o los denominados “recíprocos” frente a los déficit comerciales con otras naciones, Trump inició con la imposición de los aranceles.
El Tribunal explicó que esta política de Trump excede la autoridad delegada por el Congreso y vulnera el diseño constitucional que está reservado a la potestad tributaria.
La Corte señaló que es el Congreso el que debe aprobar los aranceles y para que eso ocurra debe haber una justificación y ni con una declaración de emergencia nacional, podrían ser aprobados por los legisladores estadounidenses.
El gobierno trumpista tomó como eje la promulgación de 1977, en la que se le permite al Presidente “regular importaciones” en términos que se incluyan la imposición de aranceles.
Trump basó su imposición en que en la Sección 1702 (a)(1)(B) de la Ley mencionada, las palabras “regulate” e “imporatation”, donde se “habilita” al Presidente tarifas sin límites de monto, duración o alcance geográfico.
Los ministros de la Corte rechazaron esa interpretación y recodaron que el Artículo I, Sección 8 de la Constitución marca que el único que tiene el poder para “establecer y recaudar impuestos, derechos, contribuciones y gravámenes”, es el Congreso por medio del poder tributario.
La Ley no menciona “tarifas” ni “derechos aduaneros”, sino que faculta al Presidente a investigar, bloquear, regular o prohibir transacciones con propiedad extranjera frente a “amenazas inusuales”.
