CIUDAD DE MÉXICO, junio 16 (XPFM).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación desembolsó al menos 588 mil pesos para realizar su primera sesión itinerante en Chiapas, movilizando a 72 funcionarios desde la Ciudad de México hasta Tuxtla Gutiérrez con el discurso de acercar el Poder Judicial a la ciudadanía. Sin embargo, el tema votado ya había sido acordado previamente en la capital, lo que convierte el gesto simbólico en un costoso trámite burocrático.
El desglose de gastos, publicado por Latinus, muestra que 146 mil pesos se destinaron al traslado de 17 empleados de Plural TV para transmitir el evento, las ponencias de cuatro ministros acumularon 93 mil pesos y siete funcionarios de logística generaron más de 70 mil pesos adicionales. Dos ministros se conectaron vía remota y uno no participó.
Es de recordar que la Primera Sesión Extraordinaria en Territorio, en la que resolvió un asunto que fortalece el derecho a la libre determinación, la autonomía y el autogobierno indígena, se celebró en Tenejapa, Chiapas, y fue catalogada por la SCJN como “un ejercicio inédito de acercamiento de la justicia constitucional a los pueblos y comunidades indígenas”.
Sin embargo, la opacidad de dicho evento envuelve los detalles financieros: la unidad de transparencia de la Corte no pudo identificar los contratos por renta de sillas, sonido y pantallas, y meses después no han sido publicados. Peor aún, las facturas de los ocho ministros en Chiapas fueron reservadas bajo el argumento de “seguridad nacional”.
El viaje a La Candelaria, a 758 kilómetros de la capital, fue justificado como cercanía con la población, pero votar un asunto ya resuelto revela su naturaleza protocolaria. Trasladar a decenas de funcionarios para un evento con resultado conocido cuestiona la racionalidad administrativa y el uso de los presupuestos judiciales.
La reserva de información por “seguridad nacional” es preocupante, pues oculta viáticos y hospedaje, no datos de defensa nacional. Esta opacidad contradice el discurso de transparencia de la Corte y erosiona la confianza en una institución que debería predicar con el ejemplo en rendición de cuentas.
En un contexto de críticas por su distancia social y su actuación como élite privilegiada, esta sesión itinerante resulta contraproducente: en lugar de acercarse a la gente, la Corte gastó recursos que podrían haber ido a programas de acceso a la justicia en regiones marginadas. La pregunta es si el mensaje de cercanía justifica semejante dispendio, o si la opulencia del despliegue sepultó cualquier intento genuino de conexión ciudadana.
