Por Elizabeth Hernández
El número de expedientes penales por actos de corrupción grave durante la administración del presidente Andres Manuel López Obrador se ha incrementado visiblemente respecto a los sexenios anteriores, así lo demuestra la última actualización del proyecto de vigilancia gubernamental del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC) de la Universidad de Guadalajara.
Datos recopilados a través de una solicitud de información dirigida a la Secretaría de la Función Pública (SFP) muestran que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) recibió 752 señalamientos por faltas administrativas graves en los primeros nueve meses de 2021, una cifra que triplica el número de expedientes recibidos durante el último año de la administración de Enrique Peña Nieto.
Esta cifra encaja con la tendencia al alza que se ha registrado en este tipo de denuncias desde que el sexenio de López Obrador comenzó; por ejemplo, durante el primer año de su mandato se sumaron 427 expedientes por corrupción grave ante el TFJA, pero esta cifra aumentó un 47.54% tan solo doce meses después cuando alcanzó los 630 reportes.
Gamaliel Gutierrez Bravo, maestro en derecho administrativo y procesos públicos, explicó en entrevista con ONEA México que estas cifras pueden parecer positivas ya que dan la apariencia de un combate frontal a los actos de corrupción más graves de la administración federal, pero no son nada útiles si no existen “consecuencias tangibles y sanciones comprobables”.
Los delitos de corrupción que el IIRCCC cataloga como graves son peculado, contratación indebida, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés o su ocultamiento, cohecho, desvío de recursos, uso indebido de información y enriquecimiento ilícito.
Guitierras Bravo detalló que a pesar de la importancia en el acto de denuncia y señalamiento por parte de los tribunales especializados, la falta de procedimientos terminados da una mala señal sobre el nivel de impunidad con el que operan estas autoridades, lo que podría aumentar su participación en actos de corrupción.
La base de datos del IIRCCC también revela esta falta de conexión entre el número de denuncias recibidas por el TFJA y las sentencias que emite o soluciona; de hecho, de los mil 809 señalamientos por actos de corrupción grave que se han hecho durante la administración de López Obrador el 17% alcanzaron una sentencia, es decir que solo 2 de cada 10 investigaciones tuvieron alguna sanción.
Para Guitierrez Bravo la falta de leyes más severas y procedimientos más ágiles son el principal obstáculo que enfrentan las autoridades administrativas al momento de sancionar a funcionarios corruptos, especialmente aquellos con mejores rangos o dentro de instituciones con un alto nivel de opacidad o poca vigilancia presupuestal.
En cuanto a las instituciones con mayor número de denuncias durante esta administración, Petróleos Mexicanos (PEMEX) ocupa el primer lugar con 179 quejas, una cifra que equivale al 78.5% de todas las carpetas acumuladas en el sexenio de López Obrador; en segundo puesto se encuentra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con 27 registros y Salud se coloca después con 4 expedientes.
Información publicada en ONEA México
