CIUDAD DE MÉXICO, agosto 05 (XPFM).- El Congreso de Veracruz aprobó el retiro del fuero constitucional a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo, ambos militantes de Movimiento Ciudadano, con el propósito de que puedan ser sometidos a los procesos judiciales derivados de las investigaciones que enfrentan por delitos de alto impacto.
La decisión fue avalada por mayoría del Pleno en una sesión privada y abre la puerta para que la Fiscalía continúe con las acciones legales en contra de ambos presidentes municipales, sin que ello represente una resolución sobre su responsabilidad penal.
De acuerdo con las investigaciones, Raúl González Martínez es señalado por la Fiscalía como presunto autor intelectual del homicidio y la privación ilegal de la libertad de la comunicadora Roxana Guzmán Ramírez. En tanto, Bertín Bravo enfrenta acusaciones relacionadas con la desaparición forzada del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y de su conductor, Ignacio López, ocurrida en mayo de este año.
Durante la sesión legislativa estuvo presente el alcalde de Úrsulo Galván, quien rechazó las imputaciones y sostuvo que es inocente. Por su parte, la defensa de Raúl González Martínez aseguró que su cliente no tiene vínculo alguno con los hechos que se le atribuyen e incluso afirmó que nunca conoció a la periodista asesinada.
Tras la determinación del Congreso, Movimiento Ciudadano denunció que existe una estrategia de persecución política contra autoridades municipales emanadas de ese partido. Dirigentes estatales y nacionales sostuvieron que los procedimientos tienen un trasfondo político y acusaron al gobierno de Morena de ejercer presión sobre alcaldes de oposición para incorporarlos al proyecto de la llamada Cuarta Transformación.
El retiro del fuero representa únicamente la eliminación de la protección constitucional que impedía proceder penalmente contra los alcaldes mientras ejercían el cargo. A partir de esta resolución, corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar, con base en las pruebas presentadas, si existen elementos suficientes para llevar los casos a juicio.
