- La ex esposa de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, es señalada por desvío de 112 millones del presupuesto durante administración del DIF.
CIUDAD DE MÉXICO, Julio 26.- En Veracruz, un juez federal negó un amparo a Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, contra la prescripción del delito de fraude específico que se le imputa por el presunto desvío de 112 millones de pesos del presupuesto asignado al DIF de esa entidad.
De esta manera, el Juez Segundo de Distrito, Alejandro Quijano, confirmó la imputación y la vigencia de la orden de aprehensión emitida en su contra el 25 de mayo del 2018, conforme a los artículos 117 y 118 del Código Penal del Estado de Veracruz, aun cuando la defensa de Karime Macías argumentaba la prescripción.
“Que no opera en favor de la parte quejosa la prescripción contemplada en el artículo 118 del Código Penal para el Estado de Veracruz”, precisa el juez.
Además, la resolución agrega que la prescripción del delito de fraude en agravio del gobierno de Veracruz se interrumpió, cuando el representante legal de las autoridades presentó la denuncia en contra de Macías el 29 de marzo del 2017.
De igual forma, la sentencia de amparo explica que la Fiscalía de Veracruz solicitó interrumpir el plazo de la prescripción en una audiencia privada, argumentando la solicitud de extradición y el hecho notorio de que Karime Macías había salido del país, por lo que era necesario mantener en reserva la orden de aprehensión hasta que se cumplimentara la orden provisional de detención con fines de extradición.
“Al respecto, se considera que no asiste la razón a la parte quejosa en el sentido de que el juzgado responsable violó el principio de contradicción”, señala.
Esto, «pues se advierte que la solicitud de la Fiscalía se encuentra íntimamente relacionada con la orden de aprehensión girada en contra de la parte quejosa», respondió el juez a Karime.
Finalmente, se ratificó la vigencia de la orden de aprehensión girada en su contra por el delito de fraude por un monto de 112 millones de pesos en agravio del gobierno de Veracruz.
Cabe destacar que el delito de fraude, conforme a la legislación veracruzana, se castiga hasta con 12 años de prisión.
Fuente: Regeneración MX