CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (XPFM).- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el gobierno federal buscará modificar nuevamente las reglas de la elección judicial apenas unos meses después de haber defendido la reforma como un mecanismo “histórico” para democratizar al Poder Judicial. Ahora, la administración federal propone aplazar la jornada electoral de 2027 hasta el 4 de junio de 2028, argumentando razones logísticas y de organización electoral.
Durante la llamada “Mañanera del Pueblo”, la mandataria explicó que uno de los principales motivos del ajuste es evitar la saturación de procesos electorales en 2027, año en el que varias entidades renovarán gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y cargos legislativos federales.
Según dijo, empatar la elección judicial con ese calendario complicaría la operación de los comicios y la participación ciudadana.
Sin embargo, el anuncio también abrió cuestionamientos sobre las deficiencias que la propia reforma judicial dejó sin resolver y que ahora el gobierno busca corregir mediante nuevas modificaciones constitucionales.
Entre ellas, destaca la creación de una Comisión Coordinadora para homologar metodologías y criterios de evaluación entre los Comités de Evaluación de los tres Poderes, algo que la opinión pública daba por hecho, pero que en realidad nunca quedó claramente establecido en el diseño original.
La titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que la nueva propuesta contempla mecanismos unificados de evaluación, reducción del número de candidaturas y reglas comunes para la selección de aspirantes.
Esto implica que la reforma aprobada previamente no definía de manera precisa cómo se coordinarían los criterios entre Poderes, dejando abierta la posibilidad de evaluaciones dispares o discrecionales.
Otro de los puntos que ahora se pretende incorporar es la simplificación de las boletas electorales. La nueva iniciativa plantea que cada ciudadano vote únicamente por un juez y un magistrado por especialidad, además de distinguir qué Poder postula a cada candidatura.
El anuncio evidenció que el esquema inicialmente aprobado podría generar boletas excesivamente complejas y confusas para millones de votantes, una crítica que especialistas y sectores de oposición habían advertido desde el inicio.
La propuesta también reconoce vacíos importantes en materia de capacitación y evaluación del desempeño judicial. Aunque el discurso oficial sostenía que la reforma garantizaría jueces más preparados y cercanos a la ciudadanía, ahora se busca incluir programas obligatorios y permanentes de actualización para jueces y magistrados, así como evaluaciones durante el primer año de funciones, medidas que originalmente no estaban plenamente definidas.
Además, el gobierno federal busca endurecer criterios para que los estados repliquen las reglas federales en sus propios procesos judiciales. Entre los cambios se incluye la obligatoriedad de insaculación de candidaturas, la homologación de metodologías y la reducción de aspirantes en las boletas. Estos ajustes reflejan que varios aspectos centrales de la operación electoral judicial quedaron abiertos o ambiguos en la reforma vigente, pese a que públicamente se presentó como un modelo ya estructurado y listo para implementarse.
El replanteamiento impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum también alimentó críticas sobre la improvisación con la que avanzó la reforma judicial. Para diversos sectores, el hecho de que ahora se propongan nuevas reglas, filtros y mecanismos de coordinación confirma que muchos de los procedimientos que la ciudadanía asumía garantizados todavía no existían en la práctica dentro del marco constitucional aprobado.
