CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (XPFM).- La disputa por el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) escaló nuevamente entre la ministra Lenia Batres y el resto del Pleno. Batres presentó un escrito en el que cuestionó el anteproyecto de gasto para 2027 y aseguró que su postura en favor de la austeridad habría provocado una reacción negativa de sus compañeros.
“Desafortunadamente, ha generado animosidad negativa en mis compañeros ministros y compañeras ministras”, afirmó la ministra, al hacer público el documento que envió al titular del Órgano de Administración Judicial.
Batres cuestionó que la Corte pretenda solicitar 6 mil 104.5 millones de pesos para 2027, al considerar que representa un incremento de 17.2 por ciento respecto del monto autorizado para 2026. También criticó que se contemplara la restitución de seguros de gastos médicos mayores para personal de la institución.
En su escrito, la ministra sostuvo que la austeridad debe prevalecer y recordó que la Ley Federal de Austeridad Republicana, en su artículo 22, prohíbe contratar con recursos públicos determinados seguros privados de gastos médicos mayores, salvo las excepciones previstas legalmente.
“No se trata de un derecho de los trabajadores, sino de prácticas prohibidas expresamente en ley”, argumentó Batres, quien aseguró haber votado en contra del presupuesto y de la restitución de dichos seguros.
Sin embargo, la respuesta institucional de la Corte ofrece otro ángulo. En su tarjeta informativa sobre el anteproyecto 2027, la SCJN señala que los 6 mil 104.5 millones de pesos representan un crecimiento de 12.7 por ciento en términos reales, y sostiene que el incremento está destinado principalmente a cubrir sueldos y prestaciones previstas en la ley y en las condiciones generales de trabajo.
La diferencia porcentual merece una explicación, porque Batres utiliza como referencia el monto autorizado por la Cámara de Diputados para 2026, mientras que la Corte presenta el crecimiento bajo otra metodología presupuestaria. Más que una contradicción automática, se trata de dos bases de comparación que deberían transparentarse para evitar que las cifras se conviertan en argumento político.
Donde sí existe un choque directo es en el tema de los seguros. La SCJN informó que el Pleno aprobó, por seis votos contra tres, prever la contratación de un seguro de gastos médicos mayores para el personal, con excepción de ministras y ministros, y sujeto a la disponibilidad presupuestal y a la aprobación de la Cámara de Diputados.
Batres, por su parte, dejó claro que está en contra de ese gasto y que incluso solicitó eliminar de su ponencia tanto el seguro de separación individualizada como el seguro de gastos médicos mayores para su personal.
La ministra se presenta así como defensora de la austeridad frente a una Corte que, según su planteamiento, estaría recuperando privilegios que deberían haberse eliminado. El problema es que su argumento termina mezclándose con una acusación política contra sus propios compañeros: “ha generado animosidad negativa”.
Ese señalamiento resulta especialmente delicado. Una diferencia de criterios sobre el presupuesto no demuestra por sí misma animadversión personal. En un órgano colegiado, votar en contra de una propuesta, cuestionar un gasto o defender una interpretación distinta de la ley forma parte de la deliberación institucional.
La propia Corte sostiene que durante 2025 y 2026 enfrentó reducciones presupuestales y que en 2026 eliminó diversas prestaciones y apoyos para ministras, ministros y mandos superiores, redujo plazas y canceló otros gastos. También afirma que ocho de cada diez pesos del incremento solicitado para 2027 estarán destinados a sueldos y prestaciones.
El debate, por tanto, debería centrarse en algo mucho más sencillo que las acusaciones de “animosidad”: ¿cada peso solicitado está justificado y cumple con la Constitución y las leyes de austeridad?
Al final, el presupuesto de la Corte no debería resolverse por simpatías, pleitos o acusaciones cruzadas. Debe resolverse con transparencia, legalidad y rendición de cuentas. Y precisamente por tratarse del máximo tribunal del país, sus integrantes deberían ser los primeros en demostrar que una discrepancia no es, automáticamente, una confrontación personal.
