El instituto electoral busca recuperar su autonomía y facultades.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (XPFM). -La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la nueva controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la primera parte de las reformas electorales promovidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador conocido como el Plan B.
De esta forma ele INE busca que los cambios que le afectaron a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre pasado por los grupos oficialistas de Morena, PVEM y PT, dejen de entorpecer sus facultades pues transgreden su autonomía.
El ministro Alberto Pérez Dayán señaló que el Decreto presidencial obstaculiza la función del INE que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre ellos los principios de equidad en las contiendas electorales.
Los legisladores tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República aprobaron en la Ley General de Comunicación Social un límite para que los ayuntamientos destinen el 0.1 % del presupuesto para propaganda gubernamental.
Además de ser un porcentaje bajo desagrada a las autoridades municipales al señalar que el gobierno federal limitó sus facultades para promocionar sus logros y acciones en los medios de comunicación.
En las modificaciones realizadas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se amplió la definición “propaganda gubernamental” y ahora cualquier funcionario puede promocionar ejercicios públicos como consultas popular sin tener control sobre eso.
El ministro Pérez Dayán marcó un plazo de 30 días para que las autoridades responsabilizadas de la entrada en Vigos del Plan B, como es el Presidente López Obrador o el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, respondan de manera oficial a la controversia.