La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) salió a celebrar la aprobación de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), pero su mensaje deja abierta una pregunta central: ¿qué cambió realmente para garantizar que la regulación no termine convirtiéndose en una forma de presión sobre los medios?
La CIRT asegura que el nuevo marco logró un equilibrio entre regulación, libertad editorial, libertad de expresión y viabilidad económica. También sostiene que las preocupaciones planteadas por la industria durante la consulta pública fueron atendidas por las autoridades.
Sin embargo, el respaldo empresarial no elimina las dudas que generó desde el principio la propuesta. La propia CIRT reconoce que 8 mil 899 personas participaron en la consulta pública, una cifra que considera histórica dentro de los procesos regulatorios en materia de telecomunicaciones. Miles de ciudadanos expresaron sus opiniones y, según el organismo, el mensaje fue claro: quieren medios independientes de cualquier revisión oficial, pero también medios responsables e informativos.
El problema está precisamente en determinar quién decide cuándo un medio dejó de ser responsable y cuándo una revisión oficial puede transformarse en una intervención sobre su contenido editorial.
La defensa de los derechos de las audiencias es legítima y necesaria. El riesgo aparece cuando una autoridad reguladora adquiere facultades que puedan utilizarse para cuestionar contenidos, imponer criterios sobre la manera de informar o generar mecanismos de vigilancia que terminen inhibiendo la libertad de expresión.
La consulta no debe convertirse en una carta en blanco
La CIRT destaca que hubo diálogo con el gobierno federal y que las autoridades escucharon las preocupaciones de la industria. Eso es positivo, pero el diálogo por sí mismo no garantiza la ausencia de censura.
La verdadera prueba llegará con la aplicación cotidiana de los lineamientos: qué harán los defensores de las audiencias, cómo se resolverán las quejas, qué criterios utilizará la autoridad y, sobre todo, qué límites tendrá el gobierno para intervenir cuando considere que una información afecta los derechos de las audiencias.
La organización empresarial anunció talleres para implementar las nuevas reglas en sus más de mil 200 estaciones y confió en que los defensores actuarán con profesionalismo e imparcialidad. Pero nuevamente surge la pregunta: ¿qué mecanismos independientes existirán para impedir que esas figuras se conviertan en supervisores de la línea editorial?
La libertad de expresión no se protege únicamente declarando que los nuevos lineamientos buscan respetarla. Se protege estableciendo límites claros al poder de la autoridad y garantizando que ningún gobierno pueda decidir qué información es válida, adecuada o conveniente para la sociedad.
La CIRT tiene razón al destacar la importancia de escuchar a las audiencias. Pero escuchar a la audiencia no significa darle al Estado el poder de hablar en su nombre ni de decidir cómo deben informar los medios.
Los nuevos lineamientos deberán demostrar en los hechos que representan una regulación de derechos y no un nuevo mecanismo de control. Porque en materia de libertad de expresión, las buenas intenciones no bastan: lo verdaderamente importante son las facultades que tendrá la autoridad y cómo podrán utilizarse.
