CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (CPFM).- Una pregunta planteada a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre los seguros de gastos médicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) colocó en el centro del debate los privilegios del Poder Judicial, aunque la información utilizada para formular el cuestionamiento es controvertida.
Durante la conferencia presidencial, una reportera afirmó que la Corte había votado para restablecer los seguros de gastos médicos mayores y que para ello se contemplaba una partida de 146 millones de pesos con recursos públicos. También señaló que la Suprema Corte buscaba recibir ahorros por mil 800 millones de pesos provenientes del Tribunal de Disciplina Judicial para cubrir un déficit de 128 millones de pesos en el capítulo 1000.
Con ese planteamiento, se pidió a Sheinbaum su opinión sobre lo que fue presentado como un intento de recuperar privilegios dentro de la Corte y utilizar recursos públicos para mantenerlos.
“Algo pasa cuando entran ahí a ese edificio, como que se transforman, no sé, han de estar embrujados los espíritus del pasado”, ironizó la presidenta.
Sheinbaum sostuvo que no está de acuerdo con que los servidores públicos reciban seguros médicos privados financiados con recursos públicos. “No está bien que el recurso público se utilice para el seguro de gastos médicos mayores”, afirmó, al señalar que los funcionarios pueden recurrir al ISSSTE, al IMSS-Bienestar o pagar por su cuenta un seguro privado.
“Así debe ser, no se debe regresar a los privilegios”, insistió la presidenta, quien apeló nuevamente a la figura de Benito Juárez y a la llamada austeridad republicana.
Sin embargo, el planteamiento utilizado para llevar el tema a la conferencia presidencial es cuestionado por la propia información sobre el seguro. No se trata de un seguro para los ministros, sino de una prestación destinada a 288 trabajadores de la Suprema Corte, cuyo costo no rebasaría los 15 millones de pesos y que forma parte de derechos laborales vigentes desde hace aproximadamente 30 años.
La diferencia entre ambas cifras —146 millones de pesos frente a menos de 15 millones— cambia sustancialmente la dimensión del asunto y plantea dudas sobre la precisión de la información proporcionada a la presidenta.
La controversia también abrió un nuevo frente dentro de la propia Suprema Corte y ha dejado nuevamente a la ministra Lenia Batres en una posición aislada frente al resto de sus compañeros.
Sheinbaum cerró su postura apelando al carácter público de los recursos. “El dinero es del pueblo”, afirmó, y sostuvo que quienes ocupan cargos públicos deben recordar que su función consiste en estar al servicio de la ciudadanía.
