CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (XPFM).- La discusión sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias tomó un giro particularmente incómodo para el gobierno de Claudia Sheinbaum: la propia presidenta terminó vinculando la regulación con una de las principales preocupaciones de su administración, las críticas que recibe de los medios de comunicación.
“La manera en que lo quieren comunicar pues es para atacar al gobierno, por eso decimos que muchas veces es propaganda política, no es información, por eso todo el tema del derecho a las audiencias”, afirmó.
Y es que una cosa es garantizar que las audiencias reciban información clara, diferenciada de la opinión y con mecanismos para ejercer sus derechos, y otra muy distinta es utilizar ese argumento como respuesta a las investigaciones y cuestionamientos que incomodan al poder.
La declaración presidencial resulta especialmente significativa después de la publicación de información de Latinus que vinculó al llamado “Clan” con el crimen organizado. En lugar de que la discusión se concentre exclusivamente en la veracidad o alcance de esa investigación, el debate vuelve a desplazarse hacia la necesidad de regular a los medios. La coincidencia resulta políticamente difícil de ignorar.
El gobierno sostiene oficialmente que los lineamientos buscan proteger a las audiencias y no censurar contenidos. Sin embargo, el proyecto ha generado cuestionamientos por las nuevas obligaciones, la posibilidad de sanciones y el margen que podría existir para determinar qué información es falsa o está descontextualizada.
Por eso, si la presidenta reconoce que uno de los problemas que pretende atender la regulación es que los medios “ataquen” al gobierno, entonces el asunto deja de ser exclusivamente el derecho de las audiencias y se convierte en un problema de libertad de expresión. El Estado no puede ser quien determine qué crítica es legítima y cuál constituye un ataque que deba ser corregido mediante mecanismos regulatorios.
Apenas la semana pasada, la consejera jurídica Luisa María Alcalde presentó un análisis que exhibió a periodistas, medios y figuras políticas dentro de lo que el gobierno denominó un “ecosistema digital”. La exposición generó críticas por el señalamiento público de voces críticas.
Si el propósito real es que los ciudadanos puedan exigir información veraz, el mecanismo debe protegerlos de cualquier medio, pero también del poder público. Y si se pretende sancionar la información falsa, la misma vara tendría que aplicarse a las conferencias presidenciales, a los funcionarios y a la propaganda gubernamental.
De lo contrario, la regulación corre el riesgo de convertirse en una paradoja: un gobierno que habla de proteger el derecho de las audiencias mientras busca mecanismos para reducir las críticas que esas mismas audiencias tienen derecho a conocer.
La revelación presidencial cambia el sentido de la discusión. Ya no basta con preguntar qué dicen los lineamientos. Hay que preguntar para qué quiere realmente el gobierno una mayor regulación de los medios. Y si la respuesta es evitar que se “ataque” al gobierno, entonces el debate ya no es sobre las audiencias: es sobre los límites que el poder pretende imponerle a la crítica.
