CIUDAD DE MÉXICO, agosto 18 (XPFM).- La senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, lanzó una acusación de enorme gravedad contra Estados Unidos: afirmó que el gobierno estadounidense “no quiere vivo” al expresidente Andrés Manuel López Obrador y que, por esa razón, ahora estaría actuando contra sus hijos. Sin embargo, la legisladora no presentó públicamente pruebas que permitan sostener semejante señalamiento.
Rivera sostuvo que López Obrador representa una fuerza política para México y América Latina y que precisamente por ello existiría un supuesto interés de Estados Unidos en eliminarlo. La senadora incluso afirmó: “por eso ahora van sobre los hijos”, en referencia a los señalamientos e investigaciones que han involucrado al entorno familiar del expresidente.
“Que Andrés Manuel López Obrador les haya ganado las elecciones, no lo pueden dejar vivo, lo quieren acabado. Porque mientras ese señor esté vivo, no solamente levanta a México, levanta a América Latina. Por eso ahora van sobre los hijos, sin pruebas. Entonces, si el pueblo no se informa, estamos en un grave riesgo, compañeros”, señaló.
El problema es que una acusación de esta naturaleza no puede tratarse como una simple declaración política. Afirmar que una potencia extranjera pretende atentar contra la vida de un expresidente mexicano implica señalar la existencia de una operación de Estado potencialmente criminal, por lo que resulta indispensable explicar de dónde obtuvo la información, quién se la proporcionó y qué elementos objetivos tiene para sostenerla.
Hasta ahora, Rivera no ha identificado a ningún funcionario estadounidense, agencia, grupo o autoridad que presuntamente esté detrás de ese supuesto plan. Tampoco ha presentado documentos, reportes de inteligencia, comunicaciones o algún otro elemento verificable que permita pasar de la especulación a un señalamiento sustentado. Por lo que simplemente estaríamos ante una simple retórica política utilizada para alimentar la narrativa de persecución contra López Obrador y su familia.
La gravedad aumenta por el cargo que ocupa. No se trata de una opinión anónima en redes sociales, sino de una senadora de la República, integrante del Poder Legislativo y representante del Estado mexicano. Sus palabras pueden tener repercusiones políticas y diplomáticas, particularmente en una relación bilateral marcada por tensiones en materia de seguridad, migración, comercio y combate al crimen organizado.
La acusación también plantea una pregunta inevitable: ¿la senadora habló a título personal o está transmitiendo información que posee el gobierno mexicano? Si se trata de información oficial o de inteligencia, la presidenta Claudia Sheinbaum tendría que explicar si su administración conoce esa supuesta amenaza y qué medidas se han tomado para proteger al expresidente.
Pero si no existe información oficial detrás de sus declaraciones, el problema es todavía más delicado: una representante popular estaría difundiendo una acusación extraordinaria contra un gobierno extranjero sin aportar evidencia.
La postura de Rivera, por tanto, abre más preguntas de las que responde. En un contexto donde el gobierno mexicano exige constantemente pruebas para responder a señalamientos provenientes del extranjero, resulta contradictorio que desde el oficialismo se hagan acusaciones de semejante magnitud sin acompañarlas de evidencia.
Decir que Estados Unidos quiere “acabar con la vida” de López Obrador no es una denuncia menor ni una consigna política cualquiera. Es una acusación que, si es cierta, implicaría una amenaza extraordinaria contra un expresidente mexicano; y si no puede demostrarse, corre el riesgo de convertirse
