CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (XPFM).- Luego de tratar de justificar el registro obligatorio de líneas telefónicas de millones de ciudadanos en México la presidenta Claudia Sheinbaum, evidenció que dicha acción sería ineficaz para combatir el delito de extorsión y sería una estrategia fallida más que las que se han implementado en los últimos años.
La explicación de Claudia Sheinbaum sobre el registro obligatorio deja una contradicción difícil de ignorar: si el mecanismo está diseñado para que la autoridad pueda identificar al propietario de un número después de que se denuncie una extorsión, ¿cómo pretende prevenir el delito?
La presidenta sostuvo que la extorsión es uno de los delitos que más afecta a los mexicanos y afirmó que alrededor de 80 por ciento de las amenazas relacionadas con este ilícito se realizan por teléfono. Su argumento para justificar el registro parte de un problema real: actualmente existen millones de líneas que no están asociadas con una identidad verificable.
El problema aparece en el siguiente paso de su explicación. Sheinbaum planteó que, cuando una víctima denuncie una extorsión ante el 089 o una fiscalía, la autoridad podrá preguntar a la compañía telefónica a quién pertenece el número desde el cual se realizó la llamada. Según su propio ejemplo, hoy la empresa puede responder que el chip fue comprado en un Oxxo o un 7-Eleven y que no existe información suficiente para identificar al usuario.
Pero esa explicación exhibe precisamente la debilidad del argumento oficial: el registro entra en escena cuando el delito ya ocurrió. La llamada extorsiva ya fue realizada, la víctima ya recibió la amenaza, el delincuente ya pudo obtener dinero o información y, en el caso de un criminal que utiliza chips desechables, nada impide que posteriormente tire la tarjeta, cambie de número o utilice otra línea.
La pregunta, por tanto, es ¿por qué presentar el registro obligatorio de millones de líneas como una medida de prevención cuando la propia explicación presidencial lo ubica principalmente como una herramienta posterior a la denuncia?
Hay además una contradicción práctica que el gobierno tendría que explicar con mucha mayor precisión. Si el delincuente sabe que una línea telefónica debe estar asociada con una identidad, ¿por qué habría de utilizar sus propios datos para cometer una extorsión? Precisamente los delincuentes tienen incentivos para recurrir a identidades falsas, datos robados, prestanombres, teléfonos obtenidos irregularmente o mecanismos que dificulten rastrear al verdadero usuario.
El registro puede facilitar una investigación, pero identificar al titular de una línea no equivale necesariamente a identificar al responsable del delito. Esa diferencia es fundamental. Una persona puede aparecer registrada como propietaria de un número y no ser quien realizó la llamada. Del mismo modo, un delincuente puede utilizar una línea registrada con datos ajenos.
Sheinbaum también mezcló en su explicación dos fenómenos distintos: la extorsión telefónica y las llamadas fraudulentas que se hacen pasar por instituciones bancarias para obtener información o dinero. Ambos delitos pueden utilizar teléfonos, pero no necesariamente se resuelven con la misma herramienta.
Y ahí aparece el mayor riesgo de la política: que el Estado termine construyendo una enorme base de datos de usuarios de telefonía bajo el argumento de combatir la extorsión, sin demostrar con claridad cuánto reducirá efectivamente el delito, cómo se evitará el uso de identidades falsas y qué garantías existirán para impedir el abuso de esa información.
La presidenta tiene razón en algo: no es aceptable que un delincuente pueda adquirir un chip sin dejar prácticamente ningún rastro y utilizarlo para amenazar, defraudar o extorsionar. Pero de ahí no se desprende automáticamente que obligar a todos los mexicanos a registrar sus líneas vaya a resolver el problema.
Porque si la explicación oficial es que la autoridad utilizará esos datos cuando ya exista una denuncia, entonces el gobierno debe responder la pregunta que queda flotando después de escuchar a la propia presidenta: ¿Dónde está la prevención?
Investigar después de una extorsión puede ser necesario. Identificar a los responsables puede ser indispensable. Pero ninguna de esas acciones, por sí misma, evita que la primera llamada ocurra.
Registrar a todos no necesariamente significa atrapar a los delincuentes. Y, sobre todo, una herramienta que comienza a funcionar después de la extorsión difícilmente puede venderse como una política de prevención.
