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Fracaso de la 4T en el campo: Militarizan Michoacán tras ceder ante la extorsión y la presión de EE. UU.

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) movilizó 1,557 efectivos a las regiones productoras de aguacate en Michoacán. Este despliegue busca mitigar la violencia y las extorsiones que frenan la exportación hacia Estados Unidos, tras la reciente suspensión de inspecciones sanitarias.

Estrategia de contención en Michoacán

El despliegue militar responde a una crisis operativa en la industria aguacatera, obligando a una intervención directa para intentar recuperar el control de las zonas productivas.

  • Efectivos operativos: 1,557 elementos de la Sedena destinados a la vigilancia territorial.
  • Objetivos tácticos: Combate frontal a las células de extorsión y grupos delictivos que controlan el flujo comercial en las huertas.
  • Prioridad gubernamental: La reactivación de los protocolos de exportación mediante la garantía de seguridad en el corredor logístico.

Gestión del conflicto con el mercado estadounidense

La administración de Claudia Sheinbaum mantiene negociaciones con el sector privado y autoridades de Estados Unidos para retomar las certificaciones. La parálisis de las inspecciones de Sanidad Vegetal (Senasica) ha dejado a la industria en un estado de vulnerabilidad extrema ante las presiones del mercado extranjero.

  • Coordinación interinstitucional: La presidenta ha validado un plan integral que busca, mediante la fuerza pública y el diálogo comercial, normalizar los envíos.
  • Sujeción a inspecciones: El gobierno federal contempla la propuesta de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) asuma una inspección más rigurosa para satisfacer las demandas de seguridad solicitadas por el gobierno estadounidense.

Vulnerabilidad del sector agroindustrial

La dependencia de las exportaciones michoacanas frente a los estándares de seguridad de Estados Unidos expone la fragilidad de un modelo que ha permitido, por omisión o incapacidad, el dominio de la delincuencia organizada en la cadena productiva. El riesgo de pérdida de mercados exige una respuesta gubernamental que, hasta el momento, se ha limitado a la reacción militarizada ante una crisis estructural de gobernabilidad en la entidad.

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