CIUDAD DE MÉXICO, agosto 04 (XPFM).- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que el Gobierno federal y Morena volverán a utilizar a la Fiscalía General de la República (FGR) para perseguirla políticamente, al tiempo que denunció haber recibido amenazas dirigidas contra su persona, su familia y su patrimonio.
Durante un encuentro con medios de comunicación, la mandataria afirmó que el caso que anteriormente enfrentó únicamente fue pausado y que prevé una nueva ofensiva en su contra, reviviendo el debate sobre el uso de las instituciones de procuración de justicia como herramientas de presión política contra gobernadores de oposición.
“Decidieron guardar el caso. Un rato. Estoy segura que van a volver a través de la Fiscalía General de la República a perseguir a Maru Campos”, declaró.
Campos reveló que en las últimas semanas ha recibido diversas amenazas por escrito y aseguró que las presiones no se limitan a su persona.
“Tengo ya varias amenazas de manera escrita y varias situaciones que han sucedido en contra de mi persona, en contra de mis bienes, en contra de mi familia. Y van a seguir. Pero yo les digo que no tengo miedo”, expresó.
Pese a ello, sostuvo que continuará al frente del gobierno estatal y defendiendo a Chihuahua. “Yo voy a seguir defendiendo a Chihuahua porque esa es mi tarea, ese es mi trabajo. Por eso estamos el día de hoy aquí, trabajando por nuestros elementos de seguridad. Vamos a seguir trabajando”, afirmó al descartar que las advertencias modifiquen su actuación como gobernadora.
Al ser cuestionada sobre el contenido de las amenazas, Campos explicó que los mensajes llegan mediante documentos oficiales que, según dijo, buscan afectar el ejercicio de sus funciones.
“Son mensajes escritos y los dejan a través de oficios, tratando de vulnerar derechos que tiene la Gobernadora”, señaló, sin ofrecer mayores detalles sobre el origen de esos documentos o si ya fueron denunciados formalmente ante las autoridades competentes.
Las acusaciones de la mandataria panista se producen en medio de la confrontación entre gobiernos estatales de oposición y la administración federal, en el que diversos actores políticos han denunciado un presunto uso selectivo de investigaciones penales para presionar o desacreditar adversarios.
Morena, por su parte, ha rechazado en reiteradas ocasiones que exista persecución política y sostiene que las investigaciones corresponden exclusivamente a las facultades constitucionales de la Fiscalía General de la República.
