CIUDAD DE MÉXICO, agosto 04 (XPFM).- La inversión física del sector público registró un nuevo retroceso durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), entre enero y junio el gasto destinado a infraestructura ascendió a 382 mil 700 millones de pesos, lo que representa una caída real de 7.9% respecto al mismo periodo del año anterior, reflejando una menor capacidad del Estado para impulsar proyectos de desarrollo.
El principal factor detrás de la contracción fue Petróleos Mexicanos (Pemex), cuya inversión física se desplomó 27.3% en términos reales. La empresa productiva del Estado pasó de concentrar 36% de la inversión pública en 2025 a solo 28% en 2026, evidenciando el fuerte ajuste presupuestal en el sector energético, uno de los ejes prioritarios de las administraciones de Morena.
Aunque el resto de las dependencias federales registró un crecimiento de 2.9% en inversión física, ese incremento fue insuficiente para compensar el recorte aplicado a Pemex. El resultado fue una disminución general del gasto en infraestructura, un indicador estrechamente ligado al crecimiento económico, la generación de empleo y la competitividad del país.
Las cifras también muestran un cambio en la composición del gasto público. Mientras la inversión en salud aumentó de 3.6 a 17.6 mil millones de pesos y el rubro de abastecimiento de agua creció 18.2%, la inversión destinada a comunicaciones y transportes cayó 42.5%, una reducción que podría traducirse en menor desarrollo de carreteras, puentes y obras estratégicas para la actividad productiva.
El comportamiento de la inversión pública contrasta con el discurso oficial que ha sostenido que la infraestructura es un motor del desarrollo nacional. Si bien el Gobierno federal ha defendido la necesidad de reorientar recursos hacia áreas prioritarias, los datos del IMCO reflejan que el monto total destinado a inversión física disminuyó en un contexto de desaceleración económica y menores márgenes fiscales.
Una reducción sostenida de la inversión pública puede limitar el crecimiento de largo plazo, ya que afecta la construcción y modernización de infraestructura indispensable para atraer inversión privada y mejorar la productividad. En el caso de Pemex, el recorte también plantea interrogantes sobre la viabilidad de los planes para fortalecer la producción de hidrocarburos y reducir la dependencia energética.
El descenso de casi 8% en la inversión física durante el primer semestre de 2026 se suma a los desafíos que enfrenta la economía mexicana. Más allá de la redistribución del gasto entre sectores, los resultados muestran que el Gobierno dispone de menos recursos para financiar proyectos de infraestructura, un factor que podría tener repercusiones tanto en el crecimiento económico como en la capacidad del Estado para atender las necesidades de desarrollo del país.
