CIUDAD DE MÉXICO, agosto 03 (XPFM).- La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, aseguró que su partido no incurre en violaciones a la legislación electoral pese a que diversos aspirantes ya realizan recorridos y actividades políticas en distintas entidades del país. Su argumento fue que aún no existe un proceso electoral formal y que, por tanto, no puede hablarse de campañas anticipadas.
“No violamos la ley electoral porque no hay proceso electoral, no estamos llamando al voto, no estamos en una campaña de promoción electoral. Sí, nuestros aspirantes, y cada vez tenemos más, pues están haciendo un activismo… Hoy, como Morena ha crecido mucho, por eso es que se nota la presencia, pero bueno, todos los partidos tenemos derecho”, sostuvo en entrevista.
Sin embargo, especialistas en materia electoral han señalado que la ausencia de un proceso en curso no excluye automáticamente la posibilidad de incurrir en conductas sancionables cuando existe promoción personalizada con fines electorales.
Las declaraciones llegan en un momento en que diversos perfiles de Morena intensifican recorridos, asambleas y encuentros públicos en distintos estados, actividades que han sido interpretadas por la oposición como una estrategia para posicionar anticipadamente a quienes buscarán competir en las elecciones de 2027.
Aunque el partido las presenta como ejercicios de organización interna y fortalecimiento territorial, la exposición pública de los aspirantes mantiene abierto el debate sobre los límites entre el activismo partidista y la promoción electoral.
La legislación mexicana establece que los actos anticipados de campaña son aquellas expresiones, reuniones, propaganda o acciones realizadas antes del inicio legal de las campañas que tengan como finalidad solicitar el voto o presentar una candidatura de manera anticipada.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señalan que para determinar la existencia de una infracción no basta revisar si formalmente existe un proceso electoral, sino analizar el contenido de los mensajes, el contexto en que se difunden, la finalidad de las actividades y si buscan generar una ventaja indebida frente a otros competidores.
De hecho, la jurisprudencia electoral ha establecido que la autoridad debe valorar elementos como la sistematicidad de los recorridos, la difusión de propaganda, la identificación de una persona como futura candidata y la existencia de llamados explícitos o incluso implícitos al respaldo ciudadano. Es decir, el análisis no depende únicamente del calendario electoral, sino del posible impacto de las acciones sobre la equidad en la contienda.
La postura de Hernández revive un debate que ha acompañado a Morena desde los procesos internos para definir candidaturas presidenciales y estatales. En aquellas ocasiones, el partido también defendió que las llamadas “asambleas informativas” y los recorridos nacionales formaban parte de la vida interna del movimiento, aunque posteriormente varias de esas actividades fueron objeto de revisión por parte de las autoridades electorales.
Mientras Morena sostiene que sus aspirantes únicamente ejercen su derecho a realizar activismo político, será el Instituto Nacional Electoral y, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes determinen si estas actividades permanecen dentro de los márgenes permitidos por la ley o si representan una estrategia de posicionamiento anticipado que vulnere el principio constitucional de equidad en la competencia electoral.
