CIUDAD DE MÉXICO, julio 28 (XPFM).- A menos de un año de que inicie el proceso electoral federal de 2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) continúa sin acuerdos para instalar la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, el órgano que deberá advertir a los partidos políticos sobre posibles vínculos de sus aspirantes con la delincuencia organizada o el narcotráfico.
Durante una reunión privada celebrada este martes, las consejerías no lograron consensuar la integración de la nueva comisión, lo que obligó a posponer la decisión y abrir la posibilidad de un nuevo encuentro para intentar destrabar el nombramiento de sus integrantes.
La falta de consenso se dio además en un encuentro al que no asistieron los consejeros Jorge Montaño y Norma de la Cruz, situación que complicó aún más las negociaciones internas.
Entre los perfiles considerados para integrar el nuevo órgano se encuentran Carla Humphrey, Uuc-kib Espadas, Frida Gómez Puga, Arturo Chávez, Blanca Cruz y el propio Jorge Montaño.
La Comisión de Verificación de Integridad fue creada como parte de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y quedó establecida como un órgano técnico permanente encargado de analizar los riesgos asociados a las candidaturas federales, en coordinación con instancias de seguridad e inteligencia como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).
El mecanismo busca identificar posibles vínculos con actividades ilícitas antes de que los partidos registren formalmente a sus candidatos. Sin embargo, uno de los aspectos más cuestionados de la reforma es que el procedimiento no será obligatorio.
La legislación establece que serán los propios partidos políticos y los aspirantes independientes quienes decidirán voluntariamente si someten sus perfiles a la evaluación de riesgo. En consecuencia, los resultados no tendrán efectos vinculantes ni impedirán el registro de una candidatura, sino que únicamente servirán como una referencia informativa.
Este diseño ha generado críticas debido a que, pese a la creación de una nueva estructura dentro del INE y a la participación de diversas instituciones de seguridad, la revisión dependerá de la voluntad de los actores políticos, quienes podrán optar por no solicitar el análisis sin enfrentar consecuencias legales.
Mientras el instituto aún no consigue ponerse de acuerdo para conformar el órgano encargado de operar el mecanismo, persisten las interrogantes sobre la eficacia real de una comisión que nace con facultades limitadas y cuya principal herramienta de prevención carece de carácter obligatorio, dejando en manos de los partidos la decisión de permitir o no el escrutinio de sus propios candidatos.
